Mes: mayo 2020

 

OBLIGATORIEDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES EN EL SECTOR PÚBLICO

En el diario oficial El Peruano, Publican Reglamento para la presentación de declaración jurada de intereses en el sector público, la misma que se aprueba mediante el Decreto Supremo 091-2020-PCM, de fecha 21 de mayo del año 2020, siendo el resumen siguiente:

REGLAMENTO DEL DECRETO DE URGENCIA 20-2019, DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES EN EL SECTOR PÚBLICO

Objeto

El objeto del presente Reglamento es desarrollar los alcances y procedimientos del Decreto de Urgencia Nº 020-2019, Decreto de Urgencia que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector público, en adelante, el Decreto de Urgencia.

Definiciones

Este reglamento define los conceptos de manera concreta, tales como: Declaración Jurada de Intereses; Conflicto de intereses; Intereses personales; Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses y Sujetos obligados.

Sujetos obligados

Para identificar a los sujetos obligados, se tienen en cuenta las siguientes reglas:

a) La obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses es independiente del régimen laboral o contractual con el que los sujetos obligados se relacionan con la entidad, conforme a lo establecido en el artículo 1 del Decreto de Urgencia.

b) Cuando el literal i) del artículo 3 del Decreto de Urgencia menciona a “todos los que ejerzan por delegación la representación judicial del Estado”; se refiere a los abogados vinculados al sistema administrativo de defensa jurídica que ejercen la defensa jurídica del Estado; así como a cualquier persona natural o jurídica que sin ser operadores de dicho sistema ejercen tal función. En el caso de las personas jurídicas, la obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses se materializa a través de su representante legal y se extiende a los abogados que intervienen de la ejecución de la función por la cual es sujeto obligado.

c) Cuando el literal p) del artículo 3 del Decreto de Urgencia menciona a los “secretarios generales o quien haga sus veces”, se refiere a la máxima autoridad administrativa de la entidad. Asimismo, al mencionar a los “demás funcionarios que ejerzan cargos de responsabilidad”, se refiere a aquellos que realizan actividades que conllevan el ejercicio de poder de dirección conforme a lo señalado en los literales a), b) y e) del artículo 3 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.

d) Cuando el literal r) del artículo 3 del Decreto de Urgencia menciona a los “consultores”, se refiere a las personas naturales o jurídicas que prestan servicios de consultoría en la alta dirección. En el caso de las personas jurídicas, la obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses se materializa a través de su representante legal y se extiende a las personas naturales responsables de la ejecución de la función por la cual es sujeto obligado.

e) Cuando el literal s) del artículo 3 del Decreto de Urgencia menciona a los “consultores externos”, se refiere a las personas naturales y jurídicas que prestan servicios circunscritos a los procesos de ejecución de obras por iniciativa pública o privada, incluyendo los procesos para la elaboración de los expedientes técnicos de obras y la respectiva supervisión. Esto incluye a los inspectores, supervisores de obras o similares. En el caso de las personas jurídicas, la obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses se materializa a través de su representante legal y se extiende a las personas naturales responsables de la ejecución de la función por la cual es sujeto obligado.

f) Entiéndase comprendidos en el literal w) del artículo 3 del Decreto de Urgencia, a aquellos que poseen capacidad de gestión sobre los fondos o bienes del Estado por un monto igual o mayor a tres (3) UIT en el periodo de un mes, independientemente del rango que ostenten en la entidad.

g) Cuando el literal x) del artículo 3 del Decreto de Urgencia menciona a los “árbitros que participan en arbitrajes que involucran al Estado”, se refiere a las personas naturales y jurídicas que participan en arbitrajes ad hoc y en arbitrajes institucionales, según corresponda. En el caso de las personas jurídicas, la obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses se materializa a través de su representante legal y se extiende a los árbitros designados por estas.

h) Cuando el literal y) del artículo 3 del Decreto de Urgencia menciona a los “integrantes de la Oficina de Integridad Institucional o la que haga sus veces”, se refiere a todos los que mantienen vínculo laboral o contractual con la unidad de organización que ejerce la función de integridad. En caso de delegación de la función, dicha obligación recae en el titular de la Oficina de Recursos Humanos y en el personal designado para el desarrollo de la función de integridad.

Contenido De La Declaración Jurada De Intereses

El Formato de la Declaración Jurada de Intereses constituye el instrumento a través del cual se declara información relevante sobre los vínculos e intereses del sujeto obligado, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Decreto de Urgencia. En dicho instrumento se detalla y ordena la información que forma parte del contenido de la Declaración Jurada de Intereses; cuyo contenido se especifica en el mismo formato.

Presentación, revisión y publicidad de la declaración jurada de intereses

1. La Declaración Jurada de Intereses se presenta a través de la Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses (https://dji.pide.gob. pe) y es firmada digitalmente.

2. Excepcionalmente, en caso que la entidad no cuente con las herramientas o el equipamiento tecnológico necesario para implementar la Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses, previa verificación de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Integridad Pública y Secretaría de Gobierno Digital, la Declaración Jurada de Intereses se firma de manera ológrafa y se presenta en físico. La entrega física de la Declaración Jurada de Intereses se efectúa en sobre cerrado a la Oficina de Integridad Institucional, a efectos de que proceda conforme al artículo 11 del presente Reglamento. Recibida la Declaración Jurada de Intereses por parte de la Oficina de Integridad Institucional, ésta la remite a la Secretaría de Integridad Pública en el plazo no mayor de cinco (5) días hábiles; a efectos de que proceda conforme al artículo 12 del presente Reglamento.

3. La Oficina de Integridad Institucional es la responsable de proporcionar al sujeto obligado el Formato de Declaración Jurada de Intereses en físico, cuando corresponda.

4. En el caso de los árbitros que participan en arbitrajes en los que el Estado es parte, la Declaración Jurada de Intereses de inicio constituye requisito para la aceptación de la designación como árbitros y se presenta al mismo tiempo que los documentos con los que se comunica la aceptación del cargo.

5.  La entidad que interviene en el arbitraje como parte es la responsable de reportarlos a través de la Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses.

6. La presentación de la Declaración Jurada de Intereses de actualización se efectúa conforme a lo establecido en el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto de Urgencia; y la de cese se presenta con la emisión del laudo.

7. El incumplimiento del requerimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del Reglamento o la presentación de la misma con información inexacta o falsa, constituyen causales de recusación.

Publicidad de la Declaración Jurada de Intereses

1. La Declaración Jurada de Intereses se registra y publica en la Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses. El enlace a esta plataforma se publica en el Portal de Transparencia Estándar y en la página institucional de la entidad.

2. En el caso de la Declaración Jurada de Intereses física, conforme al numeral 8.2 del artículo 8 del presente Reglamento, la Secretaría de Integridad Pública asegura su registro, visado y publicación en la Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses. Culminado dicho acto, la Secretaría de Integridad Pública remite, en el plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de efectuada la publicación, los originales de las declaraciones juradas de intereses físicas al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la custodia a que se refiere el numeral 5 del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el régimen de protección de datos personales y la regulación de la gestión de intereses.

3. Salvo disposición contraria de norma expresa, transcurridos treinta (30) días calendario posteriores a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses de cese, o vencido el plazo de prohibiciones e incompatibilidades, la información referida al grupo familiar se protege y se excluye de la publicación, manteniéndose pública la información restante. Esta disposición se aplica para todas las Declaraciones Juradas de Intereses presentadas por el sujeto obligado.

Infracciones Y Sanciones

Infracciones leves

Constituyen infracciones leves las siguientes conductas:

a) Incumplir con designar al encargado de reportar a los sujetos obligados en la Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses, conforme al artículo 6 del Decreto de Urgencia.

b) Incumplir con elaborar, actualizar, rectificar o reportar la lista de sujetos obligados, conforme al artículo 6 del Decreto de Urgencia. La responsabilidad se extiende a quien se le ha delegado expresamente la función señalada.

c) No solicitar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, conforme al numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto de Urgencia.

Infracciones graves

Constituyen infracciones graves cometidas por el sujeto obligado las siguientes conductas:

a) Incumplir, injustificadamente, con los plazos legales para presentar la Declaración Jurada de Intereses. Esto incluye la no actualización de la Declaración Jurada de Intereses, cuando se produzca algún hecho relevante que deba ser informado.

b) Incumplir con subsanar las observaciones planteadas por la Oficina de Integridad Institucional, conforme al numeral 11.4 del artículo 11 del presente Reglamento.

Infracciones muy graves

Constituyen infracciones muy graves cometidas por el sujeto obligado las siguientes conductas:

a) Incumplir el requerimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del presente Reglamento.

b) Presentar la Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa.

Procedimiento administrativo disciplinario

1. El procedimiento administrativo disciplinario está a cargo de cada entidad. Las fases del procedimiento, las autoridades a cargo de este y las sanciones, son las establecidas por las normas que regulan el régimen que corresponde a cada sujeto obligado; sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, de ser el caso.

2. El procedimiento se inicia de oficio por parte de la autoridad competente o como consecuencia de la petición motivada de la Oficina de Integridad Institucional, o por denuncia de una persona natural o jurídica.

Vigencia referida a Infracciones y Sanciones

Las Infracciones y Sanciones del Reglamento entra en vigencia a los seis (6) meses contados desde el día siguiente de la publicación del presente Reglamento en el Diario Oficial El Peruano.

Los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del referido Capítulo VII se rigen por las reglas sustantivas y procedimentales previstas por las normas que regulan el régimen que corresponde a cada sujeto obligado; sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, de ser el caso.

Firma digital

Los sujetos obligados, que a la fecha de vigencia de la presente norma no cuentan con el Documento Nacional de Identidad Electrónico tienen un plazo adicional de quince (15) días hábiles a lo establecido en el literal a) del numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto de Urgencia para presentar la Declaración Jurada de Intereses.

Dicho plazo no se contabiliza cuando la entrega del Documento Nacional de Identidad Electrónico está suspendida por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Con el anuncio oficial de entrega del Documento Nacional de Identidad Electrónico por parte de la referida entidad, se inicia el cómputo del plazo señalado en el párrafo anterior.

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MODELO DE DEMANDA DE DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS, NULIDAD Y REPOSICIÓN LABORAL

Exp. Nº        : 
Especialista  : 
Cuaderno     : Principal
Escrito         : 01
Sumilla          : Demanda de desnaturalización,  nulidad de contratos Y reposición laboral.
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
………………………………………………………, identificado con documento nacional de  identidad Nº …………………, con dirección domiciliaria en con dirección domiciliaria en ……………………………., distrito de …………., provincia de ………………, departamento de Arequipa y señalo domicilio procesal en pasaje Santa Rosa Nª 104, oficina T-20, Arequipa, Arequipa; con casilla electrónica N° 1893 y correo electrónico: quinh_2@hotmail.com; ante Ud. me presento y digo:  
I.          NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LOS DEMANDADOS
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL (RENIEC), con domicilio legal en jirón Bolivia Nº 109, edificio Centro Cívico, piso 29, cercado de Lima.
PROCURADOR ENCARGADO DE ASUNTOS JUDICIALES DEL RENIEC, con domicilio legal en jirón Bolivia Nº 109, edificio Centro Cívico, piso 29, cercado de Lima.
II.        SITUACION LABORAL DEL DEMANDANTE
1.     Inicio de actividad laboral:  04 de febrero del 2015
2.     Cargo que desempeña      : Operador de Impresión de DNI.
3.     Remuneración actual        : Dos mil cien con 00/100 soles (S/. 2,100.00)
4.     Tiempo de servicios          : 1 año, 2 meses y 26 días.
5.     Lugar del trabajo                : Sede Regional de Arequipa
6.        Fecha de cese                       :  02 de mayo del 2016
III.      PETITORIO
1.     ACUMULACION ORIGINARIA PRINCIPAL
Solicito se ordene lo siguiente:
1.1.   Se declare desnaturalizados los contratos denominados de servicios no personales desde el 04 de febrero del año 2015 hasta el 30 del mes de marzo del año 2015.
1.2.   Se declare inválido e ineficaz los contratos denominados CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS desde el 01 de abril del año 2015 hasta el 30 de abril del año 2016.
2.        ACUMULACION OBJETIVA ORIGINARIA ACCESORIA
2.1.   Se declare INCAUSADO EL DESPIDO efectuado por parte de la demandada, por no haberse realizado el procedimiento de despido conforme el artículo 31 del D. S. 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo 728.
2.2.   Se disponga la reincorporación a mi centro de trabajo donde venía desempeñándome como OPERADOR DE MAQUINA DE IMPRESIÓN DE DNI, por la causal de la vulneración de mi derecho fundamental de trabajo; es decir, se ordene mi reposición en el cargo QUE VENÍA DESEMPEÑANDO antes de ser despedido.
2.3.   Solicito se disponga la declaración de existencia del contrato de trabajo de plazo indeterminado con la demandada RENIEC, en calidad de trabajador de OPERADOR DE MAQUINA DE IMPRESIÓN DE DNI, desde el 04 de febrero del año 2015 hasta la actualidad, así como la continuación en el mismo cargo y finalmente se me incluya en la planilla de remuneraciones de trabajadores dentro del régimen laboral de la actividad privada, regulado por el Decreto Legislativo Nº 728.
IV.           FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LOS PETITORIOS
4.1.   ANTECEDENTES
4.1.1.           Que, el recurrente ha iniciado relaciones laborales con la demandada, a partir del 04 de febrero del año 2015, con contratos denominados de “servicios no personales”, en calidad de personal de apoyo operativo para la impresión de documentos nacionales de identidades de los peruanos en la sede la institución demandad en la ciudad de Arequipa.
4.1.2.           El cargo que he venido desempeñando desde dicha fecha, es el de encargado de realizar impresiones de DNIs. Al haberse implementado las impresiones de estos documentos cuya función principal de la demandada es precisamente otorgar estos documentos a todos los ciudadanos; ya que antes de esa fecha, las impresiones solamente se hacían en la ciudad de Lima y que hasta la actualidad existen a nivel nacional la de Lima y otra de Arequipa.
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BANCOS ABRIRÁN CUENTAS SIN NECESIDAD DE LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO

Mediante Decreto de Urgencia N° 056-2020, publicado en el Diario Oficial El Peruano de fecha 15 de mayo del 2020, el Gobierno dispone que las empresas del sistema financiero, incluido el Banco de la Nación, y las empresas emisoras de dinero electrónico pueden abrir cuentas, masiva o individualmente, a nombre de beneficiarios identificados por la entidad estatal o privada que instruye el pago, sin necesidad de la celebración previa de un contrato y su aceptación por parte del titular.

DECRETO DE URGENCIA Nº 056-2020

DICTAN MEDIDAS PARA EL PAGO DE FONDOS OTORGADOS O LIBERADOS POR EL GOBIERNO A TRAVÉS DE CUENTAS EN EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y EMPRESAS EMISORAS DE DINERO ELECTRÓNICO ANTE LA EMERGENCIA PRODUCIDA POR EL COVID-19, Y OTRAS DISPOSICIONES EL

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020- SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y control del COVID-19;

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID-19 a “nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado en más de ciento veinte (120) países”; asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus prórrogas, se declara el Estado de Emergencia Nacional, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) así como medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19;

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las perspectivas de crecimiento de la economía global, y en particular, de la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación del virus (COVID-19) en el territorio nacional; siendo los factores que conllevarían a la afectación de la actividad económica, los menores precios de las materias primas, la volatilidad de los mercados financieros, la disminución del comercio internacional y el menor dinamismo de algunas actividades claves en la economía local; razón por la cual, de continuar la expansión del virus COVID-19, podrían verse afectados los diversos sectores económicos del país;

Que, en este contexto se han expedido diversas medidas económico financieras, a través de mecanismos de inyección de liquidez o de índole compensatoria, tales como la entrega de subsidios económicos o la liberación de los fondos de pensiones, que minimicen la afectación que viene produciendo la necesaria medida de aislamiento decretada con la declaración de Estado de Emergencia Nacional, en la economía de hogares vulnerables con bajos ingresos y que se mantienen a partir de actividades independientes, así como en la economía de personas naturales y jurídicas cuyas actividades cotidianas han tenido que suspenderse ante las restricciones dispuestas en el marco del referido Estado de Emergencia Nacional; medidas que, de no adoptarse, podrían afectar la economía nacional y con ello el cumplimiento de las metas fiscales previstas para el presente Año Fiscal;

Que, a fin de facilitar el proceso de pagos de los fondos otorgados o liberados por leyes y otras normas, como aquellos que se realizan en el marco de situaciones de Emergencia Nacional, por el actual brote del virus COVID-19, resulta necesario permitir la apertura de cuentas a ciudadanos para que puedan efectuar diversas operaciones y acceder a diferentes servicios financieros, entre ellos: depósitos, conversión, pagos de bienes y servicios, transferencias bancarias, retiro de efectivo, entre otros;

Que, la referida apertura de cuentas permitirá a los ciudadanos una serie de beneficios en un contexto de Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional como el que afecta al país; tales como: i) brindarles mayores medidas de seguridad al no exponerlos al acudir a las oficinas o agencias de las entidades para solicitar de forma presencial la apertura de cuentas, ii) reducir los costos de transacción, al no ser necesaria la presencia física para la identificación y validación del consentimiento, así como evitar los costos y riesgos de desplazamiento por la falta de oficinas o agencias cercanas al lugar de residencia, y iii) disponer de forma inmediata de los fondos a su favor, según requiera;

Que, de no ejecutarse tales medidas, se pondría en grave peligro la salud de la población y se incrementaría la afectación a la economía peruana;

Que, asimismo, como consecuencia de la aplicación de estas medidas a favor de los ciudadanos, se fomenta el desarrollo de un ecosistema de pagos con una adecuada infraestructura y cobertura de canales convenientes y accesibles para todo público; y se fortalecen los sistemas de protección de la población y la adecuada gestión de conducta de mercado de los proveedores de servicios financieros;

Que, por tanto, resulta necesario establecer medidas extraordinarias en materia económica y financiera, de forma que se cuente con una herramienta que además de incluir financieramente a la población, viabilice la transferencia de fondos dispuestos por leyes y otras normas a favor de cada uno de los ciudadanos y que les permita disponer de los recursos necesarios para afrontar las dificultades ocasionadas como consecuencia de la declaración del Estado de Emergencia Nacional ante el riesgo de propagación del COVID-19;

Que, de otro lado, debido a la situación de aislamiento social que vive el país, se requiere que las entidades bajo competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), convoquen a junta de accionistas o asamblea de obligacionistas no presenciales para tomar aquellas decisiones transcendentes que permitan la continuidad de sus negocios; en consecuencia, es necesario adoptar medidas que permitan a dichas entidades a convocar y celebrar juntas de accionistas y asambleas de obligacionistas de manera no presencial o virtual y facultar a la SMV para que apruebe la normativa que resulte necesaria, para su implementación;

Que, así también, los efectos económicos del brote del COVID-19 vienen afectando el desarrollo de las actividades de las micro, pequeñas y medianas empresas a causa del aislamiento social que vive el país, por lo que se requiere la implementación de medidas con cargo al Fondo MIPYME Emprendedor para el financiamiento de instrumentos no financieros para incrementar el desarrollo productivo y productividad de las MIPYME y emprendimientos innovadores de alto impacto en etapas iniciales de desarrollo;

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República:

DECRETA:

Artículo 1. Objeto

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, que permitan que las empresas del sistema financiero, incluido el Banco de la Nación, y empresas emisoras de dinero electrónico supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, puedan abrir cuentas, masiva o individualmente, a favor de los beneficiarios de fondos otorgados o liberados por leyes y otras normas, para efectuar el respectivo pago; y otras medidas que permitan a las entidades bajo competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores a convocar y celebrar juntas de accionistas y asambleas de obligacionistas de manera no presencial o virtual; así como disposiciones sobre solicitudes de disposición de la CTS e instrumentos no financieros para incrementar el desarrollo productivo y productividad de las MIPYME y emprendimientos innovadores de alto impacto en etapas iniciales de desarrollo.

Artículo 2. Apertura de cuentas en el sistema financiero

2.1 Las empresas del sistema financiero, incluido el Banco de la Nación, y las empresas emisoras de dinero electrónico pueden abrir cuentas, masiva o individualmente, a nombre de beneficiarios identificados por la entidad estatal o privada que instruye el pago, sin necesidad de la celebración previa de un contrato y su aceptación por parte del titular.

2.2 Las empresas del sistema financiero y las empresas emisoras de dinero electrónico, pueden compartir, con la entidad estatal o privada que instruye el pago, información de identificación de la cuenta o cuentas prexistentes de los beneficiarios, incluyendo el Código de Cuenta Interbancario (CCI); lo cual está exceptuado del alcance del secreto bancario. La entidad estatal o privada que instruye el pago, puede compartir los datos personales de los beneficiarios que resulten estrictamente necesarios para el propósito descrito en los numerales que anteceden, lo cual se considera dentro de lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 14 de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, únicamente con la finalidad de efectuar la transferencia de fondos.

2.3 Las cuentas a las que se hace referencia en el numeral 2.1 pueden ser utilizadas por el titular para fines adicionales al depósito y retiro de los fondos transferidos. También pueden ser cerradas por las empresas del sistema financiero y las empresas emisoras de dinero electrónico, cuando éstas no mantengan saldo por un periodo mínimo de seis (6) meses o a solicitud del titular.

2.4 La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP establece las características y condiciones adicionales para la apertura, uso y cierre de estas cuentas, a través de normas reglamentarias.

Artículo 3. Naturaleza de los fondos otorgados o liberados

3.1 En el caso que el responsable de la instrucción de pago sea una entidad estatal, ésta establece un protocolo y un plazo máximo para que los beneficiarios, titulares de las cuentas, utilicen de manera total o parcial dichos fondos. Al término del plazo máximo, en caso la cuenta no haya tenido movimiento alguno, los fondos deben ser extornados de las cuentas y reintegrados por las empresas del sistema financiero y las empresas emisoras de dinero electrónico a la entidad estatal que corresponda.

3.2 La naturaleza de los fondos otorgados o liberados por leyes y otras normas que sean depositados en las cuentas señaladas en la presente norma, tienen el carácter de intangible por el periodo de un año, una vez recibido el pago; por lo que, tales fondos no pueden ser objeto de compensación legal o contractual, embargo, retención o cualquier otra afectación, sea por orden judicial y/o administrativa.

Artículo 4. Selección de empresas y asignación de fondos

La entidad estatal o privada responsable de la transferencia de fondos, establece los mecanismos y/o criterios de selección de las empresas del sistema financiero y/o empresas emisoras de dinero electrónico que realizan la apertura de cuentas y/o el posterior depósito a favor de los beneficiarios, así como aquellos términos y condiciones asociadas a la asignación de fondos y costos del servicio. Dichos mecanismos y/o criterios deben buscar maximizar la cobertura de beneficiarios y el efectivo uso de los fondos, así como minimizar los costes asociados.

Artículo 5. Convocatoria y celebración de juntas de accionistas y asambleas de obligacionistas no presenciales o virtuales

5.1 Autorízase excepcionalmente a las entidades bajo competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), para convocar y celebrar juntas generales o especiales de accionistas de manera no presencial o virtual, mediante el uso de medios tecnológicos o telemáticos y de comunicaciones, aun cuando los respectivos estatutos de dichas entidades sólo reconozcan la posibilidad de convocar y celebrar juntas presenciales de accionistas. Con el fin de convocar a dichas juntas de accionistas, los directorios de las mencionadas entidades, pueden sesionar de manera no presencial o virtual.

5.2 Autorízase de manera excepcional al directorio de las sociedades emisoras de valores de oferta pública, o en su defecto, al representante de los obligacionistas de dichas emisiones, para convocar y celebrar asambleas de obligacionistas no presenciales o virtuales.

5.3 Facúltese excepcionalmente a la SMV, a emitir normas complementarias de carácter general para llevar a cabo la convocatoria y celebración de juntas de accionistas y asambleas de obligacionistas no presenciales o virtuales, a fin de determinar el plazo de antelación con el que debe realizarse la convocatoria, los términos e información que la misma debe contener y los medios en que debe difundirse, así como la determinación de los asuntos de competencia de las juntas que pueden tratarse en una sesión no presencial o virtual y para las sociedades anónimas abiertas, y otros aspectos necesarios que permitan la adecuada aplicación de lo dispuesto en la presente disposición.

5.4 Lo dispuesto en los numerales precedentes, resultan aplicables durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional establecido por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus prórrogas, y hasta noventa (90) días hábiles de culminada la vigencia de dicho Estado de Emergencia.

Artículo 6. Instrumentos no financieros del Fondo MIPYME Emprendedor

Dispóngase que los instrumentos no financieros del Fondo MIPYME Emprendedor, a que hace referencia la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, y sus modificatorias, son operados por entidades públicas o privadas. Asimismo, los emprendimientos innovadores de alto impacto a que se refiere el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley Nº 30230, son aquellos en estadios iniciales de desarrollo.

Artículo 7. Ampliación del plazo para solicitar facilidad financiera a Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

Amplíase hasta el 31 de julio de 2020 el plazo establecido en el numeral 3 de la décima disposición complementaria final del Decreto de Urgencia Nº 021- 2020, Decreto de Urgencia que establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones, para la presentación de solicitudes para acceder a la facilidad financiera que se establece en la mencionada disposición complementaria final.

Artículo 8. Vigencia

El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo lo establecido en el artículo 5, que se sujeta al plazo previsto en dicho artículo.

Artículo 9. Refrendo

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera. Modificación del primer párrafo de la Décima Octava Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 013-2020

Modifícase el primer párrafo de la Décima Octava Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 013-2020, Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y startups, el cual queda redactado de la siguiente manera:

“Décima Octava. Creación del Comité de Dirección MIPYME Emprendedor

El Comité de Dirección MIPYME Emprendedor (en adelante, Comité de Dirección) promueve y asegura el cumplimiento de las políticas, estrategias y objetivos establecidos para el funcionamiento del Fondo CRECER y Fondo MIPYME Emprendedor, para lo cual ejerce las funciones de dirección, supervisión y evaluación de los instrumentos financieros y no financieros orientados a fortalecer la productividad y competitividad de las MIPYME y emprendimientos en el país. En el caso del Fondo CRECER, el Comité de Dirección aprueba los lineamientos complementarios a la administración de recursos. (…).”

Segunda. Modificación del numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto de Urgencia Nº 038-2020

Modifícase el numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto de Urgencia Nº 038-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el Covid-19 y otras medidas, en los siguientes términos:

“7.1 Excepcionalmente, se autoriza a los trabajadores comprendidos en una suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal vigente y sujetos a los alcances del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-97-TR, a disponer libremente de los fondos del monto intangible por depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), previsto en la Ley Nº 30334, hasta por una (1) remuneración bruta mensual por cada mes calendario vencido de duración de la suspensión perfecta de labores. A tal efecto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo habilita una plataforma de consulta para las entidades financieras depositarias de la Compensación por Tiempo de Servicios, o en su defecto, les remite con frecuencia semanal o menor, a través de los medios informáticos correspondientes, la información que corresponda sobre las suspensiones perfectas de labores presentadas que les permita confirmar a dichas entidades que los trabajadores se encuentran comprendidos en una medida de suspensión perfecta de labores. Con la información proporcionada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, las entidades financieras ponen a disposición del trabajador el monto correspondiente en su respectiva cuenta de depósito de Compensación por Tiempo de Servicios, o si el trabajador lo solicita, las entidades financieras transfieren el monto correspondiente a cuentas activas o pasivas del trabajador que éste indique. La libre disposición a que se refiere este numeral es adicional a la libre disposición regulada en el artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 033- 2020, que establece medidas para reducir el impacto en la economía peruana, de las disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria de estado de emergencia nacional ante los riesgos de propagación del COVID – 19”.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil veinte. MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS Presidente del Consejo de Ministros

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI Ministra de Economía y Finanzas.

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MODELO DE CARTA PARA COMUNICAR SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES AL TRABAJADOR

COMUNICANDO SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES

Arequipa, 25 de abril del 2020

Señor (a)…………………………………………………………………………

Me dirijo a usted por esta vía electrónica, pues las circunstancias actuales impiden utilizar otros medios. Quisiéramos en primer término, expresarle nuestro deseo por su bienestar y el de su familia en estos momentos de emergencia.

Asimismo, nos resulta necesario manifestarle lo siguiente:

  1. Como consecuencia de la pandemia mundial originada por el brote de un nuevo virus denominado COVID – 19, el Estado Peruano ha adoptado una serie de medidas a efecto de hacerle frente.
  2. En el marco de dicho contexto, con fecha 11 de marzo de 2020, el gobierno peruano emitió el Decreto Supremo 008-2020-SA, en virtud del cual se declaró el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional para combatir la propagación del referido virus por un plazo de 90 días calendario vigentes a partir del día 12 de marzo de 2020 y por tanto se extiende hasta el 09 de junio de 2020, pudiendo ser este prorrogado.
  3. Dentro de ese contexto, con fecha 16 de marzo de 2020, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 044-2020-PCM mediante el cual declaró una medida de aislamiento obligatorio por un periodo de 15 días calendario (desde el 16 marzo hasta el 30 de marzo de 2020).
  4. Ante la continuación del aumento de casos de contagio, esta medida fue prorrogada mediante el Decreto Supremo 051-2020-PCM hasta el 12 abril del 2020, manteniendo los mismos términos establecidos en el Decreto Supremo 044-2020-PCM y posteriormente ampliada hasta el 26 de abril de 2020, a través del Decreto Supremo 064-2020-PCM y finalmente mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, se ha ampliado hasta el 24 de mayo del año en curso; sin que se tenga certeza si esto se va ampliarse por más tiempo.
  5. Asimismo, mediante Decreto de Urgencia Nº 038-2020 se ha facultado a los empleadores que no puedan implementar la modalidad de trabajo remoto o aplicar licencia con goce de haber, por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica, a que puedan adoptar las medidas que resulten necesarias a efecto de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de las remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores, y excepcionalmente a aplicar la suspensión perfecta de labores, sin obligación de pago de remuneraciones.
  6. Que, mediante el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, se ha establecido las formalidades para medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19. Por la naturaleza de las labores que se realiza en nuestra empresa, no es posible aplicar ninguna de las que señala el artículo 4 de la norma señalada y solamente nos queda una última alternativa de someternos a la suspensión perfecta de labores, dispuesta el Decreto de Urgencia N° 038-2020.
  7. Con lo anteriormente señalado, nuestra empresa como empleadora ha tratado de explorar posibilidades con la finalidad de mantener en el tiempo los puestos de trabajo, garantizando su continuidad, pero a su vez sin que ello conlleve un desamparo de nuestros trabajadores.
  8. En tal sentido, le comunico a usted que nos acogeremos a la suspensión perfecta de labores, en cumplimiento del artículo 6, inciso 6.3 del Decreto Supremo 011-2020-TR, donde estamos obligados a comunicar a los trabajadores sobre dicha decisión, ello, debido a que la empresa está imposibilitada para seguir cumpliendo con el pago de las remuneraciones de los meses siguientes y es de conocimiento de ustedes la causa es la naturaleza de nuestras actividades; es necesario señalar que una vez levantada el estado de emergencia sanitaria continuaremos con las relaciones laborales, siendo el plazo de suspensión perfecta desde el primero de mayo hasta un mes después de que se levante dicha emergencia que en este caso, en la actualidad sería hasta el 09 de julio del año 2020, salvo que el estado de emergencia sanitaria se amplíe por mayor periodo.
  9. Como empleadores, estamos obligados a realizar los trámites ante la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa, que sus remuneraciones sean pagadas por el Estado en aplicación del Decreto de Urgencia 038-2020, siempre que apruebe nuestra suspensión perfecta de labores y que, por encontrarnos dentro del Régimen Laboral MYPE, debidamente inscrito en el Registro de REMYPE, su remuneración será subvencionado por el Estado hasta la suma de Setecientos sesenta con 00/100 soles (S/ 760.00), por el tiempo que dure la suspensión perfecta.
  10. Agradeceremos su comprensión y le remitimos esta comunicación para su conocimiento, que en caso estar usted de acuerdo, nos remita su opinión por esta vía o por cualquier otro medio digital a más tardar el día martes 15 de mayo del 2020 antes de las 5:00 de la tarde. Tenga la seguridad que en estos momentos estamos haciendo los esfuerzos necesarios para poder enfrentan de mejor manera la situación presentada y poder superar la misma en el menor tiempo posible.

Sin otro particular, nos reiteramos de usted.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

PROPONIENDO ADELANTO DE VACACIONES

Arequipa, ….de ………………. Del 2020

Señor (a) ………………………………………….

Me dirijo a usted por esta vía electrónica, pues las circunstancias actuales impiden utilizar otros medios. Quisiéramos en primer término, expresarle nuestro deseo por su bienestar y el de su familia en estos momentos.

Asimismo, nos resulta necesario manifestarle lo siguiente:

  1. Como consecuencia de la pandemia mundial originada por el brote de un nuevo virus denominado COVID – 19, el Estado Peruano ha adoptado una serie de medidas a efecto de hacerle frente.
  2. En el marco de dicho contexto, con fecha 11 de marzo de 2020, el gobierno peruano emitió el Decreto Supremo 008-2020-SA, en virtud del cual se declaró el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional para combatir la propagación del referido virus por un plazo de 90 días calendario vigentes a partir del día 12 de marzo de 2020 y por tanto se extiende hasta el 11 de junio de 2020, pudiendo ser este prorrogado.
  3. Dentro de ese contexto, con fecha 16 de marzo de 2020, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 044-2020-PCM mediante el cual declaró una medida de aislamiento obligatorio por un periodo de 15 días calendario (desde el 16 marzo hasta el 30 de marzo de 2020).
  4. Ante la continuación del aumento de casos de contagio, esta medida fue prorrogada mediante el Decreto Supremo 051-2020-PCM hasta el 12 abril del 2020, manteniendo los mismos términos establecidos en el Decreto Supremo 044-2020-PCM y posteriormente ampliada hasta el 26 de abril de 2020, a través del Decreto Supremo 064-2020-PCM.
  5. Asimismo, mediante Decreto de Urgencia Nº 038-2020 se ha facultado a los empleadores que no puedan implementar la modalidad de trabajo remoto o aplicar licencia con goce de haber, por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica, a que puedan adoptar las medidas que resulten necesarias a efecto de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de las remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores, y excepcionalmente a aplicar la suspensión perfecta de labores, sin obligación de pago de remuneraciones.
  6. Con lo anteriormente señalado, nuestra asociación como empleadora ha tratado de explorar posibilidades con la finalidad de mantener en el tiempo los puestos de trabajo, garantizando su continuidad, pero a su vez sin que ello conlleve un desamparo de nuestros trabajadores.
  7. En tal sentido, se le remite adjunto al presente un convenio de adelanto de vacaciones que le correspondía al mes de octubre del año 2020, que viene a ser vacaciones desde el 01 de octubre del 2019 hasta el 30 de setiembre del 2019 y una ligera reducción de su remuneración vacacional a la suma de NOVECIENTOS TRIENTA CON 00/100 SOLES (s/ 930.00); ello, para preservar en lo posible el puesto de trabajo de usted.
  8. Agradeceremos que en caso estar usted de acuerdo, nos remita el convenio debidamente suscrito por esta vía o por cualquier otro medio digital a más tardar el día martes 21 de abril del 2020 antes de las 5:00 de la tarde; en caso de no tener respuesta alguna, daremos por denegada la propuesta y la asociación optará por otras vías que las normas legales nos faculta, que en este caso puede ser la suspensión perfecta de labores. Tenga la seguridad que en estos momentos estamos haciendo los esfuerzos necesarios para poder enfrentan de mejor manera la situación presentada y poder superar la misma en el menor tiempo posible.

Sin otro particular, nos reiteramos de usted.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

LITIGANTES, PODER JUDICIAL APERTURA MESA DE PARTES ELECTRÓNICO PARA EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS

Mediante Resolución Administrativa N° 133-2020-CE-PJ, fue aprobada la propuesta del “Proyecto de Mesa de Partes Electrónicas y Digitalización de Expedientes Físicos” y el “Protocolo para el Uso de la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial y Digitalización o Escaneo de Expedientes Físicos, para el Período de Reinicio de Actividades”; la misma que fue publicada en el Diario Oficial El Peruano en 13 de mayo del 2020, cuyo contenido es el siguiente:

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 133-2020-CE-PJ

Lima, 7 de mayo del 2020

VISTAS:

Las propuestas presentadas por el señor Consejero Héctor Enrique Lama More, que facilitará el trabajo en el área jurisdiccional en el Poder Judicial, entre ellas la denominada “Proyecto Mesa de Partes Electrónica y Digitalización de Expedientes Físicos”.

CONSIDERANDO:

Primero. Que el numeral cinco de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, de fecha 15 de marzo de 2020, en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, estableció que corresponde al Poder Judicial y a los organismos constitucionales autónomos disponer la suspensión de los plazos procesales y procedimentales que consideren necesarios, a fin de no perjudicar a los ciudadanos; así como las funciones que dichas entidades ejercen.

Segundo. Que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resoluciones Administrativas Nros. 115, 117 y 118-2020-CE-PJ y 061-2020-P-CE-PJ dispuso la suspensión de los plazos procesales y administrativos hasta el 10 de mayo de 2020, en concordancia con los Decretos Supremos Nros. 044, 051, 064 y 075-2020-PCM; por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Asimismo, estableció medidas para el funcionamiento de órganos jurisdiccionales de emergencia a nivel nacional.

Tercero. Que, el señor Consejero Héctor Enrique Lama More presenta seis propuestas con la finalidad de facilitar el trabajo en el área jurisdiccional, las cuales tienen como objetivo brindar funcionalidad al trabajo remoto de jueces y trabajadores jurisdiccionales y facilitar información al público sobre procesos judiciales. Estas propuestas tienen informe de factibilidad por parte de la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial.

Cuarto. Que una de las propuestas es la denominada “Proyecto Mesa de Partes Electrónica y Digitalización de Expedientes Físicos”, la cual permitirá el ingreso de escritos, y denuncias de las diferentes especialidades a través del portal de la Mesa de Partes Electrónica, que actualmente solo está pensado para el Expediente Judicial Electrónico-EJE; reduciendo sustancialmente el ingreso de documentos por las ventanillas.

A raíz de las medidas extraordinarias y de emergencia sanitaria, que han dado origen al aislamiento social, el uso de la Mesa de Partes Electrónica también será para los expedientes físicos (tramitados en soporte papel); esta nueva opción judicial permitirá el acceso de todo tipo de escritos o documentos en general, al Expediente Judicial Electrónico-EJE y al expediente físico.

Para el caso del Expediente Judicial Electrónico-EJE, la Mesa de Partes Electrónica valida la entrega de demandas, escritos y documentos en general, con sus respectivos anexos, tengan firma digital y los anexos estén digitalizados o escaneados en el sistema OCR; todo esto, junto a las resoluciones judiciales emitidas en el proceso; así como todas las actuaciones judiciales, conforman el expediente judicial que se conserva ordenadamente en los repositorios electrónicos del Poder Judicial. El juez, los auxiliares jurisdiccionales, las partes y sus abogados; así como terceros legitimados pueden acceder a él virtualmente a través del aplicativo electrónico denominado Visor.

Respecto de los expedientes físicos, como una medida excepcional y temporal, mientras dure la emergencia sanitaria y exista la imposibilidad de desplazamiento físico de las personas, que no sea un requisito de recepción la presencia de la firma digital; luego de presentado el escrito dirigido a un expediente no-EJE, éste deberá ser escaneado y guardado en el Sistema Judicial Judicial-SIJ, a efecto de su visualización por el juez desde su domicilio. Esta recomendación tiene por objeto poder bridar una mayor cobertura a los litigantes, ya que no todos cuentan con el certificado digital. Los titulares de las casillas electrónicas, desde donde se enviaron los escritos o documentos, son particularmente responsables de los mismos.

Sin embargo, para los fines de la formación del expediente respectivo (que finalmente continuará siendo físico), lo recibido en la Mesa de Partes Electrónica sin firma digital, se deberá imprimir, coser y foliar, respetando la presentación secuencial en el tiempo. Levantada la emergencia sanitaria o cuando así lo disponga el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, tales documentos deberán ser validados por la parte o su abogado, constituyéndose personalmente al local del órgano jurisdiccional respectivo.

Si los escritos presentados a través de la Mesa de Partes Electrónica en un expediente tramitado físicamente, tiene firma digital o electrónica, igual se imprimirá, pero en este caso el secretario certificará que fue ingresado por la Mesa de Partes Electrónica y que contaba con la firma digital o electrónica respectiva; ello se agregará al expediente, debidamente foliado y cosido, secuencialmente en el tiempo. En este caso no se requerirá de una validación posterior.

Sin perjuicio de lo expuesto, para los fines de la habilitación de un trabajo de los jueces y auxiliares desde sus domicilios, se debe proceder a la digitalización de los expedientes físicos o con soporte papel y subirlas a un repositorio de tal manera que el magistrado pueda verlos. En caso que por su volumen, el juez o el presidente del colegiado decidan que resulta inviable su escaneo, se escaneará solo la parte que se considere útil para la toma de decisión, elevándose al respectivo repositorio electrónico para su oportuna visualización; sin perjuicio de tomar todas las medidas de seguridad física y sanitaria para su eventual desplazamiento físico, al despacho del juez o a su domicilio, para los fines del trabajo remoto.

Quinto. Que el artículo 82º, numeral 26, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que es atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, emitir acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias del Poder Judicial funcionen con celeridad y eficiencia.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 541-2020 de la vigésima sexta sesión de fecha 27 de abril de 2020, realizada en forma virtual, con la participación de los señores Lecaros Cornejo, Arévalo Vela, Lama More, Álvarez Trujillo, Pareja Centeno y Castillo Venegas; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la propuesta denominada “Proyecto de Mesa de Partes Electrónicas y Digitalización de Expedientes Físicos”.

Artículo Segundo.- Aprobar el “Protocolo para el Uso de la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial y Digitalización o Escaneo de Expedientes Físicos, para el Período de Reinicio de Actividades”; que en documento anexo forma parte de la presente resolución.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la presente resolución administrativa y el documento aprobado, en el Portal Institucional del Poder Judicial para su difusión y cumplimiento.

Artículo Cuarto.- Disponer que la Comisión del Expediente Judicial Electrónico-EJE y la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial, brinden el apoyo técnico que se requiera.

Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Presidentes de las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República, Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente

LA NORMA COMPLETA PUBLICADA EN ELPERUANO EN pdf

RESOLUCIÓN Y ANEXO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE PP JJ, QUÍ

AREQUIPA TENDRÁ EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE)

Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000142-2020-CE-PJ, publicada en la página Web del POder Judicial el 12 de mayo del 2020, se ha ampliado el uso del Expediente Judicial Electrónico en procesos laborales, que serán aplicados para los distritos judiciales de las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, Cusco, Callao, Junín y Lima Sur Cusco, cuyo contenido es:  

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000142-2020-CE-PJ

VISTOS: Las propuestas presentadas por el señor Consejero Héctor Enrique Lama More, que facilitarán el trabajo en el área jurisdiccional en el Poder Judicial, entre ellas la denominada “Ampliación del Expediente Judicial Electrónico-EJE Piloto en el Área Laboral a otras Cortes Superiores de Justicia”; así como el informe remitido por el señor Javier Arévalo Vela, Consejero Responsable del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

CONSIDERANDO:

Primero. Que el numeral cinco de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, de fecha 15 de marzo de 2020, en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, estableció que corresponde al Poder Judicial y a los organismos constitucionales autónomos disponer la suspensión de los plazos procesales y procedimentales que consideren necesarios, a fin de no perjudicar a los ciudadanos; así como las funciones que dichas entidades ejercen.

Segundo. Que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resoluciones Administrativas Nros. 115, 117 y 118-2020-CE-PJ y 061-2020-P-CE-PJ dispuso la suspensión de los plazos procesales y administrativos hasta el 10 de mayo de 2020, en concordancia con los Decretos Supremos Nros. 044, 051, 064 y 075- 2020-PCM; por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Asimismo, estableció medidas para el funcionamiento de órganos jurisdiccionales de emergencia a nivel nacional.

Tercero. Que, el señor Consejero Héctor Enrique Lama More presenta seis propuestas con la finalidad de facilitar el trabajo en el área jurisdiccional, las cuales tienen como objetivo brindar funcionalidad al trabajo remoto de jueces y trabajadores jurisdiccionales y facilitar información al público sobre procesos judiciales. Estas propuestas tienen informe de factibilidad por parte de la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial.

Cuarto. Que una de las propuestas es la denominada “Ampliación del Expediente Judicial Electrónico-EJE Piloto en el Área Laboral a otras Cortes Superiores de Justicia”; la cual se sustenta, debido al nuevo escenario provocado por la presencia de la pandemia COVID-19 en el país, y las subsecuentes medidas de emergencia y aislamiento social, en la necesidad de extender para este año el Piloto Expediente Judicial Electrónico-EJE, en el área laboral, a cuatro Cortes Superiores de Justicia del interior del país, según el ranking presentado por la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial.

Quinto. Que, previo al pronunciamiento, se solicitó al Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Ley Procesal del Trabajo, que emita informe sobre la propuesta presentada. Al respecto, el señor Consejero Javier Arévalo Vela remite el informe respectivo; y luego del debate se concluyó en la factibilidad de implementar el Expediente Judicial Electrónico-EJE en el área laboral, previa realización de algunas actividades complementarias mencionadas en el aludido informe.

Sexto. Que el artículo 82º, numeral 26, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que es atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, emitir acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias del Poder Judicial funcionen con celeridad y eficiencia.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 564-2020 de la vigésima sétima sesión de fecha 5 de mayo de 2020, realizada en forma virtual, con la participación de los señores Lecaros Cornejo, Arévalo Vela, Lama More, Álvarez Trujillo, Pareja Centeno y Castillo Venegas; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la ampliación del proyecto Expediente Judicial Electrónico-EJE Piloto en el área laboral, a las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, Cusco, Callao, Junín y Lima Sur, por tener mayor volumen de atención al público; conforme a la segunda propuesta presentada por la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial.

Artículo Segundo.- La Comisión del Expediente Judicial Electrónico, en coordinación con el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, efectuará las acciones respectivas para su implementación.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Comisión del Expediente Judicial Electrónico, Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, Cusco, Callao, Junín y Lima Sur; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes. Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

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TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1505, ESTABLECEN MEDIDAS TEMPORALES EXCEPCIONALES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PÚBLICO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

El Decreto Legislativo tiene por objeto establecer el marco normativo que habilita a las entidades públicas para disponer las medidas temporales excepcionales que resulten necesarias para asegurar que el retorno gradual de los/as servidores/as civiles a prestar servicios en sus centros de labores se desarrolle en condiciones de seguridad, garantizando su derecho a la salud y el respeto de sus derechos laborales, permitiendo ello al Estado promover las condiciones para el progreso social y recuperación económica.

Medidas temporales excepcionales aplicables a las entidades públicas

Excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2020, las entidades públicas implementarán las medidas temporales excepcionales pertinentes para evitar el riesgo de contagio de COVID-19; dichas medidas pueden consistir en:

  • Realizar trabajo remoto, si fuera posible. Pueden establecer modalidades mixtas de trabajo, alternando días de trabajo presenciales con días de trabajo remoto.
  • Proporcionar a los servidores equipos informáticos en calidad de préstamo para la realización del trabajo remoto, cuando corresponda.
  • Reducir la jornada laboral.
  • Modificar el horario de trabajo.
  • Establecer turnos de asistencia al centro laboral, en combinación con el trabajo remoto, en los casos que fuera posible.
  • Proporcionar medios de transporte para el traslado de los servidores civiles al centro de labores y de vuelta hacia un punto cercano a sus domicilios
  • Proporcionar equipos de protección personal a los servidores de acuerdo con su nivel de riesgo de exposición y atendiendo a la normativa o lineamientos específicos emitidos por el Ministerio de Salud.
  • Vigilar la salud de los servidores conforme a la normativa o lineamientos específicos emitidos por el Ministerio de Salud.

Las entidades públicas deben garantizar que las áreas de trabajo de sus instalaciones cuenten con las condiciones ambientales suficientes para mitigar la propagación de riesgos biológicos en cumplimiento de las medidas preventivas y de control de COVID-19 aprobadas por el Ministerio de Salud.

Las medidas adoptadas por las entidades públicas en el marco del presente artículo deben tener en cuenta las condiciones particulares de los servidores con discapacidad.

Excepcionalmente, podrán brindar capacitación de formación laboral, preferentemente en forma virtual, pudiendo variar la modalidad de la capacitación que hayan sido programados en forma presencial. Dichas capacitaciones se rigen conforme a las siguientes reglas:

a) Las que no irroguen gasto a las entidades públicas:

  • Podrán ejecutarse de manera inmediata, sin requerir la aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas 2020 o estar inscritas en este, siempre que la capacitación a la que acceda el trabajador esté estrictamente relacionada con los objetivos institucionales y/o las funciones asignadas y/o la capacitación esté relacionada con temas vinculados con la Emergencia Sanitaria o que se deriven de esta.
  • Podrán acceder servidores que se encuentren en periodo de prueba siempre que la capacitación esté relacionada con temas vinculados con la Emergencia Sanitaria o deriven de esta.
  • El personal no sujeto a un vínculo de naturaleza laboral, pero que ejerce función pública podrá acceder a esta capacitación solo cuando esta se encuentre relacionada con temas vinculados con la Emergencia Sanitaria o que se deriven de esta.
  • La verificación de los requisitos antes mencionados corresponde al responsable del órgano o unidad orgánica en la que labora, la responsable de la Oficina de recursos Humanos o la que haga sus veces, quienes deberán validar dicha capacitación.

b) Para las capacitaciones que irroguen gasto a las entidades públicas:

  • La entidad deberá contar necesariamente con el Plan de Desarrollo de las Personas 2020 aprobado.
  • La capacitación deberá ser inscrita en el Plan de Desarrollo de las Personas 2020 de la entidad.
  • Podrán acceder servidores que se encuentren en periodo de prueba siempre que la capacitación esté relacionada con temas vinculados con la Emergencia Sanitaria.
  • El personal no sujeto a un vínculo de naturaleza laboral, pero que ejerce función pública podrá acceder a esta capacitación solo cuando esta se encuentre relacionada con temas vinculados con la Emergencia Sanitaria o que se deriven de esta.

En el marco de la medida excepcional, se mantienen inalterables la remuneración y demás beneficios sociales que le corresponden al trabajador de acuerdo con su régimen laboral.

Compensación de horas en los casos de licencia con goce de remuneraciones

Los servidores que hubiera sido otorgada la licencia con goce de remuneraciones de conformidad con el numeral 20.2 del artículo 20 del Decreto de Urgencia N° 026-2020 y el literal a) del numeral 26.2 del artículo 26 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 y que una vez concluido el Estado de Emergencia Nacional se reincorporen al trabajo presencial deberán proceder a la recuperación de las horas no laboradas, inclusive durante el año 2021. No obstante, en el marco de dicha compensación, el servidor civil puede optar por emplear adicionalmente otro mecanismo compensatorio a efectos de reducir el tiempo de compensación correspondiente.

La cantidad mínima de horas de recuperación diarias deberá ser fijada por cada entidad tomando en cuenta variables como: el horario de ingreso, la jornada laboral establecida, la hora de inicio/fin, las condiciones médicas, su condición de discapacidad o la del familiar que se encuentra bajo su cuidado y el tiempo necesario para que retorne a su domicilio, si es mujer gestante, si tiene a su cargo hijos en edad escolar o si tiene bajo su cuidado a personas adultas mayores, así como la conciliación familiar y laboral.

Dicha recuperación de horas puede efectuarse de forma presencial o a través de la ejecución de trabajo remoto.

Las horas de capacitación ejecutadas fuera del horario de labores hasta diciembre de 2020 serán consideradas como una forma de compensación siempre que esté relacionada con los objetivos institucionales y/o las funciones asignadas y/o con los temas vinculados con la Emergencia Sanitaria o que se deriven de esta.

Los trabajadores que tuvieran horas acumuladas de trabajo en sobretiempo pueden aplicarlas a efectos de compensar la licencia con goce de remuneraciones que se le hubiera otorgado de conformidad con el numeral 20.2 del artículo 20 del Decreto de Urgencia N° 026-2020 y el literal a) del numeral 26.2 del artículo 26 del Decreto de Urgencia N° 029-2020.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, emitirá disposiciones complementarias para facilitar la implementación del Decreto Legislativo, en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigencia decreto legislativo.

Vigencia

Para los trabajadores públicos, esta norma tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

Variación excepcional de funciones del servidor civil

Hasta el 31 de diciembre de 2020, las entidades públicas podrán asignar nuevas funciones o variar las funciones ya asignadas a sus servidores, indistintamente de su régimen laboral, según la necesidad del servicio y teniendo en cuenta su perfil profesional y/o experiencia laboral. La ejecución de esta medida no implica la variación de la contraprestación. En caso se trate de servidores con discapacidad, se deberá observar sus condiciones particulares.

Fuente: Diario Oficial El Peruano, publicado el 11 de mayo del 2020, el enlace para ver su contenido completo: AQUÍ

ARANCELES JUDICIALES 2020

ARANCELES-JUDCIALES-2020