Mes: junio 2020

 

PRESENTACIÓN DE DEMANDA Y ESCRITOS POR MESA DE PARTES ELECTRÓNICA

https://www.facebook.com/justiciatv/videos/581927792699349/

MODELO DE «PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19»

CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL “APCOA MENDOZA & MENDOZA
ASOCIADOS”
Autorizado su funcionamiento por Resolución Directoral Nº 1771-2013-JUS/DGDP-DCMA
Dirección: Pasaje Santa Rosa N° 104, oficina T-20, Arequipa. Teléfono: 290946
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID- 19 DEL
CENTRO DE CONCILIACIÓN

I. DATOS DE LA ENTIDAD
RAZON SOCIAL Centro de Conciliación
Extrajudicial “APCOA
Mendoza & Mendoza
Asociados”
RUC 20558608154
ACTIVIDAD
ECONOMICA
Centro de Conciliación
Extrajudicial
CIIU 91993
DEPARTAMENTO Arequipa Provincia Arequipa
DISTRITO Arequipa Teléfono 984398311
DIRECCIÓN Pasaje Santa Rosa N° 104, oficina T-20
II. BASE LEGAL
 Ley Nº 26872 y sus modificatorias introducidas por el Decreto Legislativo Nº 1070 y Ley N° 29876, Ley de Conciliación Extrajudicial.
 Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS y las modificaciones dadas por el Decreto Supremo Nº 006-2010-JUS; reglamento de la ley de Conciliación Extrajudicial.
 Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General.
 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días
calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.
 D.S. N° 020-2020-SA, Decreto Supremo que dispone la ampliación de la
emergencia sanitaria por 90 días más
 Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del CORONAVIRUS (COVID19) en el Territorio Nacional.
 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19 y modificatorias.
 Decreto de Urgencia N°-044-2019, Decreto de Urgencia que establece medidas para fortalecer la protección de Salud y Vida de los Trabajadores.
 Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.
 Decreto Supremo N 103-2020-PCM, Decreto Supremo que modifica el artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.
 Resolución Directoral N° 03-2020-INACAL/DN. Guía para la limpieza y
desinfección de manos y superficies.
 Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA. Especificación Técnica para la
confección de mascarillas faciales de uso comunitario.
 Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA. Documento Técnico sobre
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por Covid-19 en el Perú y sus modificatorias.
 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA. Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19 y sus modificatorias.
 Resolución Ministerial N° 773-2012-MINSA. Directiva Sanitaria N° 048-
MINSA-DGSPV.01, “Directiva Sanitaria para promocionar el Lavado de Manos Social como práctica saludable en el Perú”.
 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR. Guía para la prevención ante el
Coronavirus (COVID-19) en el ámbito laboral.
 Resolución Ministerial N° 072-2020-TR. Guía para la aplicación del trabajo
remoto.
III. OBJETIVOS
 Establecer el protocolo para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores y Público usuario del Centro de Conciliación Extrajudicial APCOA MENDOZA & MENDOZA ASOCIADOS, que realizan actividades durante la declaratoria de emergencia sanitaria por la Pandemia COVID-19.
 Establecer lineamientos para el reinicio de actividades laborales y atención al público en el centro de conciliación.
 Convertir en sostenible las medidas de vigilancia, prevención y control
adoptadas para evitar la transmisibilidad de COVID-19.
IV. PROCEDIMIENTOS NECESARIOS Y OBLIGATORIOS PARA LA
PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL COVID-19
a. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL LOCAL DEL CENTRO DE
CONCILIACIÓN
Efectuar la limpieza y desinfección de los ambientes del centro de conciliación, donde se brinda atención al público usuario, que consiste en pasamanos, sala de recepción, sala de conciliación, manijas, muebles consistentes en sillas, mesa de conciliación, escritorio, archivadores, actas, expedientes, libros, equipos de oficina, lapiceros, así como el servicio higiénico, siguiendo los protocolos prestablecidos por el Ministerio de Salud.
El director del Centro de Conciliación o el responsable, asegurará las medidas de protección y capacitación del personal que realiza la limpieza de los ambientes del centro de trabajo; difundirá sobre el uso de los equipos de protección personal obligatorio como es el uso de mascarillas y otros necesarios, los mismo que serán otorgados por la organización; deberá de poner a disposición de las sustancias necesarias para la limpieza y desinfección; asimismo, deberá de adoptará las medidas de higiene consistentes ene lavado constante de manos, uso de alcohol, legía entre
otros y las demás medidas necesarias cuando se permanezca en el centro de trabajo, también, siguiendo el procedimiento establecido por el Ministerio de Salud.
b. IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL
INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO
El riesgo de exposición de los trabajadores del Centro de Conciliación APCOA MENDOZA & MENDOZA ASOCIADOS que brinda a los usuarios o clientes, en base a los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Salud, se consideran lo siguientes:
Nivel de bajo riesgo, nivel de mediano riesgo y nivel de alto riesgo; en el caso de los trabajadores del Centro de Conciliación, solamente se tiene un trabajador que ostenta el cargo de secretario general que está a cargo del despacho de recepción y los conciliadores que no tienen contacto directo, que la distancia entre los usuarios y trabajadores del centro de conciliación no son menores a un metro, no tienen contacto; por lo que son Considerados como trabajadores de bajo riesgo de contagio.
Cada trabajador, previo al reinicio de las actividades laborales, deberá presentar la declaración debidamente suscrita, una lista de verificación de sintomatología y antecedentes personales sobre el COVID -19, lista que forma parte del presente documento como anexo 1.
Garantizar el control de temperatura al momento de ingreso al centro de
Conciliación, siempre que se cuente con dicho instrumento, control que debe ser tanto para trabajadores como clientes; el personal cargo del control debe ser debidamente capacitado, sobre la detección de los síntomas, medidas de seguridad a adoptar y saber llamar a los teléfonos de emergencia, que en este caso son lo números de emergencia nacional 107 y 113, de EsSALUD e INFOSALUD respectivamente.
En caso de detectar un caso sospechoso de un usuario o trabajador, se actuará de la siguiente manera:

  • Aplicación del llenado de la ficha epidemiológica, a cargo del centro de
    conciliación.
  • Aplicación de las pruebas serológicas o molecular de COVID 19, si es trabajador
    o usuario, el centro de conciliación, inmediatamente, coordinará con la autoridad
    de salud.
    c. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS
    El centro de conciliación, pondrá a disposición de los trabajadores y usuarios, aseguran la cantidad y ubicación de los puntos de lavado de manos (lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla) o alcohol gel, para el uso libre de lavado y desinfección.
    Uno de los puntos alcohol en gel deberá debe estar ubicado en la puerta de ingreso del centro de conciliación, realizando la desinfección previa al momento de apertura del local, así como la desinfección de los calzados antes de ingresar, asimismo, asegura el alcohol en gel en los diferentes ambientes del centro de conciliación.
    d. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL
    CENTRO DE CONCILIACIÓN
    Con el fin de lograr ambientes libres de infección del COVID -19, se tomarán las siguientes medidas:
  • Difundir entre el personal y los usuarios la Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”, aprobada por la Resolución Ministerial N° 055-2020-TR y los lineamientos Para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA.
  • El uso de la mascarilla es obligatorio durante la jornada laboral tanto para los trabajadores como para el público usuario que permanezca en centro de conciliación, siendo la usada la mascarilla quirúrgica, por ser el centro de conciliación de bajo riesgo.
  • Siendo que a la actividad de conciliación es obligatoria la presencia delos conciliantes, deberá de exponerse la información a cada usuario del centro de conciliación sobre el COVID-19, los medios de protección y desinfección.
  • Sensibilizar la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología del COVID -19.
  • Educar de manera permanente la medidas preventivas, para el contagio por COVID-19, en el centro de conciliación, en la comunicad y el hogar.
  • Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización.
    e. MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVA
    El centro de conciliación tomará las acciones necesarias con respecto a la vía de transmisión del COVID – 19en el ambiente de trabajo, considerando que la prevención es lo más importante para la salud y bienestar de todos.
    Las medidas necesarias son las siguientes:
     Distanciamiento social obligatorio de 1.00 metro, manteniendo el uso permanente de mascarillas.
     Las reuniones presenciales, mantendrán la distancia obligatoria de un metro, con el uso de la mascarilla, el conciliador será el responsable del cumplimiento y su revisión del distanciamiento correspondiente entre los asistentes.
     El aforo máximo será de siete personas, dos en la sala de recepción, dos en la sala de espera y tres en la sala de audiencia de conciliación.
     Evitar aglomeraciones al momento de ingreso y salida del centro de conciliación.
     Cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo al estornudar o toser, aun cuando esté
    usando la mascarilla.
     Mantener la limpieza y desinfección de manera constante en nuestro local del centro de conciliación (sillas, escritorio, cajones, escritorio, lapiceros y útiles de escritorio, entre otros.
     Al ingresar al centro de conciliación limpiar y desinfectar los calzados.
     Establecer recipientes estratégicos para descartar las mascarillas y otros.
    f. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
    El centro de conciliación deberá asegurarse que los equipos de protección personal estén al alcance de cada trabajador.
    Recomendaciones de obligatorio cumplimiento para el uso correcto de la mascarilla por la Organización Mundial de Salud:
     Antes ponerse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante
    con alcohol o con agua y jabón.
     Cúbrase la boca y nariz con una mascarilla y asegúrese de que no
    haya espacios entre su cara y al mascarilla.
     Evite tocar la mascarilla mientras se usa; si lo hace, lávese las manos
    con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
     Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice
    las mascarillas de un solo uso.
     Parar quitarse la mascarilla; quítese por detrás (no toque la parte
    delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un
    recipiente cerrado; lávese la manos con un desinfectante a base de
    alcohol o con agua y jabón.
    g. VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DEL COVID – 19
    Se desarrollará el plan de vigilancia de la salud de los trabajadores en diversos aspectos:
     Antes de que el personal ingrese al centro de conciliación deberá de llenar la ficha de sintomatología y antecedentes personales COVID -19 para el regreso al trabajo, que tiene la calidad e declaración jurada.
     Si hubieran trabajadores de alto riesgo para podrán mantener su cuarentena domiciliaria y efectuar trabajo remoto, para los cual se deberá acreditar médicamente, dicha condición
     Por ningún motivo el trabajador que está laborando en el centro de
    conciliación puede retirar la mascarilla.
    h. MEDIDAS ADICIONALES A ADOPTARSE
     Establecer para el ingreso al edificio donde se encuentra ubicado el centro de conciliación, tanto para los trabajadores como usuarios, en los servicios de atención al público, el uso obligatorio de mascarillas, la medición de la temperatura, la medición de la temperatura haciendo uso de los instrumentos de medición infrarrojos sin contacto, con el fin de detectar posibles casos sospechosos.
     En caso de existir la necesidad de realizar reuniones de trabajo o
    coordinación entre entidades de administración pública, con gremios o representantes de la sociedad civil, debe preferirse realizarlas de manera virtual mediante el uso de la tecnología de la información; las reuniones presenciales se realizarán de manera excepcional y solo cuando sea absolutamente necesario, considerando los lineamientos y recomendaciones del Ministerio de Salud sobre el distanciamiento social. Además, en caso de realizarse una reunión presencial, deberá llevarse un registro de las personas que asistieron.
    ANEXOS:
    Anexo 1: Lista de protección de sintomatología y antecedentes personales COVID-19, con carácter de declaración jurada.
    Anexo 2: Ficha de sintomatología de COVID-19, con carácter de declaración jurada.
    Arequipa, 16 de junio del año 2020
    ANEXO 1
    LISTA DE VERIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA Y ANTECEDENTES
    PERSONALES COVID-19
    I. Datos generales:
     Tipo de documento de identidad ( ) DNI; ( ) otro; Especifique:………….
     N° de documento:…………………., edad:……, sexo: ( ) M., ( ) F
     Cargo que desempeña: …………………………………………………
     Apellidos y nombres:…………. …………………………………………
     Nacionalidad: …………………………………………………………..
     Dirección domiciliaria:…………………………………………………
     Departamento de residencia:…………………………………………..
     Provincia de residencia:……………………………………………..
     Distrito de residencia: ………………………………………………..
     Correo electrónico: ………………………………………………….
     N° de celular:………………… N° de teléfono fijo:…………………
     Datos de familiar de contacto: ………………………………………..
     N° de celular del familiar: ………………………………………………
    II. Preguntas De Evaluación
  1. ¿Qué síntomas presenta?
     ( ) fiebre
     ( ) dificultad para respirar
     ( ) Tos seca o productiva
     ( ) Dolor de garganta
     ( ) congestión nasal – fatiga
     ( ) Dolor de músculos y/o articulaciones
     ( ) Dolor de cabeza
     ( ) Escalofríos
     ( ) Náuseas o vómitos
     ( ) Diarrea
     Fecha de inicio de los síntomas: …………………………………
  2. ¿En los últimos catorce días ha tenido contacto con personas con diagnóstico confirmado de Coronavirus? ( ) si, ( ) no, ( ) entorno familiar, ( ) entorno laboral, ( ) entorno de la salud.
  3. ¿Ha viajado fuera del país o zonas de Perú con casos confirmados del COVID – 19, En los últimos 14 días? ( ) si ( ) no. País que ha visitado: …………………,Fecha de retorno al país: ……………………………..
  4. ¿En los últimos 14 días se desplazó a diferentes distritos, distintos a su lugar de residencia? ( ) si, ( ) no; si su respuesta es si: ¿Qué distritos
    visitó?…………………………………………………………………………………………….
  5. Ud. ¿Padece o padeció algunas enfermedades o condiciones?
    ( ) Obesidad
    ( ) Enfermedad pulmonar crónica
    ( ) Diabetes
    ( ) Hipertensión Arterial
    ( ) Embarazo/puerperio
    ( ) Es mayor de 65 años
    ( ) Insuficiencia Renal crónica
    ( ) Enfermedades cardiovasculares
    ( ) Asma
    ( ) En enfermedad o tratamiento Inmunosupresor
    ( ) Cáncer
    ( ) Personal de Salud
    ( ) Otros ………………………………………………………..
  6. En la casa donde habita tiene los siguientes grupos de riesgo:
    ( ) Adulto mayor
    ( ) Niño
    ( ) Gestante
    ( ) Familiar con enfermedad crónica
    Declaro bajo juramento que los datos señalados, expresan la verdad y de acuerdo a la ley General del Salud, doy consentimiento para que la información brindada sea usada para la vigilancia epidemiológica COVID – 19.
    Nombres y apellidos: …………….………………………………………………..
    N° del DNI: ……………………………….
    Firma: ……………………………………………………………..
    ANEXO 2
    FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID – 19 PARA REGRESO AL TRABAJO
    DECLARACIÓN JURADA
    He recibido la explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad.
    Empresa: Centro de Conciliación APCOA Mendoza & Mendoza Asociados RUC: 20558608154
    Apellidos y nombres: ……………………………………………………………… ..
    Área de trabajo:………………………………………………………….
    Dirección domiciliaria: …………………………………… N° de celular: ………..
    En los últimos 14 días calendario ha tenido algunos delos síntomas siguientes:
    Descripción SI NO
    Sensación de alza térmica o fiebre
    Tos, estornudos o dificultad para respirar
    Expectoración o flema amarilla o verdosa
    Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19
    Está tomando alguna medicación (detallar cuál o cuáles)
     Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte.
     He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis
    compañeros de trabajo, y la mía propia, lo cual de constituir una falta grave a la salud
    pública, asumo sus consecuencias.
    Arequipa, …………del mes de…………..…. del año………
    …………………………………………….
    firma

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CREA NUEVO SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUS SENTENCIAS

En el diario oficial El Peruano, fue Publicado el 13 de junio de 2020, donde mediante resolución administrativa N° 065-2020-P/TC, CREA el Sistema de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional, tiene por finalidad promover y garantizar el debido y pleno cumplimiento de las sentencias (Sala y Pleno) y demás decisiones definitivas del Tribunal Constitucional que le sean asignadas, por acuerdo de Pleno; cuyo contenido es el siguiente:

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 065-2020-P/TC

Lima, 1 de junio de 2020

VISTO

El acuerdo de Pleno adoptado en su sesión de fecha 28 de mayo de 2020, y,

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con el artículo 201 de la Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución y es autónomo e independiente;

Que, en armonía con el artículo 1 de la Ley N.° 28301, el Tribunal Constitucional se encuentra sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica;

Que, de conformidad con el artículo 202 de la Constitución, es competencia del Tribunal Constitucional conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento. Asimismo, conoce, en instancia única, el proceso de inconstitucionalidad y los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley;

Que, el artículo 139, inciso 2, de la Constitución, reconoce el derecho fundamental a la debida ejecución de las resoluciones jurisdiccionales;

Que, en un Estado Constitucional de Derecho, todos los poderes públicos, órganos constitucionales autónomos, y demás entidades públicas o privadas, tienen la obligación de acatar los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, una vez que estos son publicados o notificados;

Que, en ejercicio de sus competencias, el Tribunal Constitucional ha exhortado a los poderes públicos, órganos constitucionales, entidades del Estado y particulares, realizar una serie de acciones con el propósito de superar el estado de precariedad constitucional en el que se encontraba la materia analizada, o ha declarado un estado de cosas inconstitucional;

Que, con el propósito de hacer seguimiento del estado de cumplimiento de las sentencias, en la sesión de fecha 14 de noviembre de 2017, el Pleno del Tribunal Constitucional aprobó crear una Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional, a fin de que se encargue de coadyuvar en la supervisión del cumplimiento de las sentencias y demás decisiones definitivas de este órgano constitucional, con especial énfasis en los casos en que se haya hecho exhortaciones a los poderes públicos y a los particulares, se haya declarado estado de cosas inconstitucional;

Que, mediante Resolución N° 054-2018-P/TC, de fecha 5 de marzo de 2018, se creó la referida Comisión, y mediante Resolución N° 118-2018-P/TC, de fecha 18 de mayo de 2018, se designó a sus miembros;

Que, mediante la misma Resolución N° 118-2018-P/TC, se designó al magistrado Eloy Espinosa-Saldaña Barrera como Magistrado Coordinador de la aludida Comisión;

Que, conforme al artículo 2 de la Ley N.° 28301, el Tribunal Constitucional puede dictar reglamentos para su propio funcionamiento, en el ámbito de las competencias que le asigna el artículo 202 de la Constitución Política del Perú;

Que, con el objetivo de dotar de una debida sistemática al seguimiento del debido cumplimiento de determinadas sentencias del Tribunal Constitucional, es necesario crear el Sistema de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional, conformado por el Pleno del Tribunal Constitucional, un Magistrado Coordinador (titular y accesitario) y la Comisión de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional; y, atendiendo al acuerdo de Pleno adoptado en su sesión de fecha 28 de mayo de 2020, al amparo del artículo de la Ley 28301 –Ley Orgánica del Tribunal Constitucional–, aprobar su respectivo Reglamento.

En uso de las facultades conferidas a esta Presidencia por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y su Reglamento Normativo,

SE RESUELVE

Artículo Primero.- CREAR el Sistema de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional, el cual se encuentra conformado por el Pleno del Tribunal Constitucional, un Magistrado Coordinador (titular y accesitario) y la Comisión de Supervisión y Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional.

Artículo Segundo.- APROBAR el Reglamento del Sistema de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional, el cual, como anexo, forma parte de la presente resolución, ordenándose su publicación en el portal institucional.

Artículo Tercero.- DESIGNAR al magistrado Eloy Espinosa-Saldaña Barrera como el Magistrado Coordinador del Sistema de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional, y al magistrado Carlos Ramos Núñez como Magistrado Coordinador accesitario.

Artículo Cuarto.- DESIGNAR a los siguientes asesores jurisdiccionales como miembros de la Comisión de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional:

– Javier Adrián Coripuna

– Paola Ordoñez Rosales

– Camilo Suárez López de Castilla

– Carlos Carpio Vargas

– Elard Ricardo Bolaños Salazar

– Juan Manuel Sosa Sacio

– Berly Javier López Flores

Artículo Quinto.- ESTABLECER que la primera audiencia pública de supervisión de cumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional, se ocupará de la sentencia recaída en el Exp. N° 0889-2017-PA/TC (Caso de María Antonia Díaz Cáceres), y se celebrará el 15 de julio de 2020.

Artículo Sexto.- DEJAR sin efecto las Resoluciones 054-2018-P/TC, de fecha 5 de marzo de 2018, y 118-2018-P/TC, de fecha 18 de mayo de 2018.

Artículo Séptimo.- COMUNICAR la presente resolución a los señores magistrados, a la Secretaría General, a los miembros de la Comisión de Supervisión y Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional, a la Secretaría Relatoría, al jefe del Gabinete de Asesoras/es, a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano y al Órgano de Control Institucional.

Regístrese y comuníquese.

MARIANELLA LEDESMA NARVÁEZ

Presidenta


REGLAMENTO DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto del Reglamento

El presente Reglamento contiene las disposiciones básicas de organización, competencias y funciones del Sistema de Supervisión y Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional, en adelante, “Sistema de Supervisión”.

Este sistema no altera ni limita las competencias establecidas en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, en virtud del cual el juez competente para ejecutar la sentencia constitucional es “el juez de la demanda.”

Artículo 2.- Finalidad del Sistema de Supervisión

El Sistema de Supervisión tiene por finalidad promover y garantizar el debido y pleno cumplimiento de las sentencias (Sala y Pleno) y demás decisiones definitivas del Tribunal Constitucional que le sean asignadas, por acuerdo de Pleno, con énfasis en los casos en que se haya hecho exhortaciones a los poderes públicos o a los particulares, la intervención del Tribunal Constitucional sea indispensable para la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, o se haya declarado un estado de cosas inconstitucional.

TÍTULO II

CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN

Artículo 3.- Conformación del Sistema de Supervisión

El Sistema de Supervisión está integrado por:

1. El Pleno del Tribunal Constitucional (en adelante, Pleno)

2. Un Magistrado Coordinador titular, designado por la Presidencia del Tribunal Constitucional.

3. Un Magistrado Coordinador accesitario, designado por la Presidencia, quien asumirá las funciones del titular ante la imposibilidad de ejercerlas.

4. La Comisión de Supervisión y Cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional (en adelante, la Comisión), conformada por siete (7) asesores jurisdiccionales, designados por la Presidencia del Tribunal Constitucional. Esta Comisión puede contar con personal de apoyo para el desarrollo de sus funciones.

Artículo 4.- Funciones del Pleno

El Pleno es el máximo órgano jurisdiccional dentro del Sistema de Supervisión. Adopta decisiones de supervisión de cumplimiento de las sentencias objeto de control hasta que esté completamente restablecido el ejercicio de los derechos fundamentales, eliminadas las causas de su amenaza y/o restablecida la supremacía normativa de la Constitución.

Sus decisiones de supervisión pueden ir dirigidas al juez de ejecución o directamente a las autoridades o personas de cuya actuación dependa el debido cumplimiento de la sentencia o decisión definitiva. Dichas decisiones son vinculantes y su incumplimiento, en casos de ejecución de sentencia, puede dar lugar a la aplicación de las medidas previstas en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.

El Pleno tiene las siguientes funciones dentro del Sistema de Supervisión:

1. Programar y celebrar audiencias de supervisión y seguimiento.

2. Adoptar las decisiones jurisdiccionales que resulten necesarias para el debido y pleno cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal Constitucional.

3. Adoptar las medidas normativas que resulten necesarias para el adecuado funcionamiento del Sistema de Supervisión.

4. Aprobar los casos que forman parte del Sistema de Supervisión, a propuesta del magistrado coordinador y del magistrado ponente, si fuere el caso.

Todo caso de supervisión es comunicado a las personas involucradas en el cumplimiento, a fin que remitan la información necesaria al Tribunal sobre la ejecución de la sentencia. Dicha información es requerida y canalizada por el Magistrado Coordinador, en cumplimiento del acuerdo del Pleno. Luego de ello, el Magistrado Coordinador elabora un informe con el apoyo de la Comisión a fin de proponer una ponencia sobre lo verificado hasta el momento en el cumplimiento, sugiriendo acciones nuevas que permitan mejorar, corregir o intensificar las ya adoptadas.

El Pleno, escucha en una audiencia pública a todos los actores involucrados en la sentencia supervisada, quienes deben sustentar el avance y cumplimiento de las acciones realizadas, a partir de las órdenes y las exhortaciones que contenga la sentencia del Tribunal Constitucional, para lo cual, el secretario relator del Pleno cuenta con los insumos que el magistrado coordinador entrega sobre las personas privadas y los poderes públicos que participan en la audiencia de supervisión, para su notificación.

El ponente de la causa supervisada también puede aportar otros insumos adicionales a fin que coadyuven a la mejora de la información a exponer en la audiencia pública.

Luego de la audiencia, el Pleno sesiona para deliberar el avance del cumplimiento y toma nuevas medidas que puedan apoyar, corregir o mejorar el cumplimiento de la sentencia supervisada.

Se aplican las mismas reglas para las votaciones del Pleno y la publicación de las resoluciones que establece la normatividad sobre la materia.

Artículo 5.- Funciones del Magistrado Coordinador

El Magistrado Coordinador tiene las siguientes funciones dentro del Sistema de Supervisión:

1. Proponer al Pleno, luego de haber recibido la información y documentación requerida, las medidas necesarias para el debido y pleno cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal Constitucional, sometidas a supervisión.

2. Escuchar las recomendaciones que el magistrado ponente de la causa supervisada realice, en relación con las acciones necesarias para su debido cumplimiento.

3. Supervisar el desempeño de la Comisión así como de su personal de apoyo en el desarrollo de sus actividades.

Artículo 6.- Funciones de la Comisión

La Comisión tiene las siguientes funciones dentro del Sistema de Supervisión:

1. Brindar la asesoría técnica y especializada al Magistrado Coordinador.

2. Sistematizar los casos asignados al Sistema de Supervisión según su materia, urgencia, importancia u otros criterios que consideren pertinentes.

3. Elaborar informes periódicos del estado de la tramitación, dentro del Sistema de Supervisión, de los expedientes asignados para su monitoreo.

4. Monitorear el estado de la ejecución de las sentencias de los casos asignados al Sistema de Supervisión.

5. Recomendar al Magistrado Coordinador la adopción de las medidas necesarias para salvaguardar lo resuelto por el Tribunal Constitucional.

TÍTULO III

DEL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE LOS CASOS AL SISTEMA DE SUPERVISIÓN

Artículo 7.- Propuesta de asignación de causas en el Sistema de Supervisión y votación

En todo proceso cuyo conocimiento es competencia del Tribunal Constitucional, el magistrado ponente puede proponer en su ponencia que el debido y pleno cumplimiento de la sentencia o decisión definitiva sea objeto de control por parte del Sistema de Supervisión.

Formulada la propuesta por parte del magistrado ponente, el Pleno, procede a la votación conforme a lo previsto en el artículo 44 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. El Pleno fija en su momento el inicio del proceso de supervisión conforme a las reglas establecidas en el artículo 4 de este Reglamento.

Artículo 8.- Criterios para asignar un caso al Sistema de Supervisión

Los criterios para proponer que una sentencia u otra decisión definitiva del Tribunal Constitucional sea objeto de control por parte del Sistema de Supervisión, son los siguientes:

1. Que en ella se hayan formulado exhortaciones a los poderes públicos o a particulares.

2. Que la intervención del Tribunal Constitucional sea indispensable para la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.

3. Que en ella se haya declarado un estado de cosas inconstitucional.

DISPOSICIONES FINALES TRANSITORIAS

Primera.- El Magistrado Coordinador propone al Pleno las sentencias o decisiones finales publicadas antes de la creación del Sistema de Supervisión cuyo cumplimiento debe ser objeto de control.

Segunda.- Vista la propuesta formulada por el Magistrado Coordinador, el Pleno, a través de una resolución administrativa de su Presidente, aprueba la lista de sentencias o decisiones finales publicadas antes de la creación del Sistema de Supervisión cuyo cumplimiento debe ser objeto de control.

Tercera.- Las disposiciones finales transitorias quedan en suspenso durante el presente año 2020, sin perjuicio de que por acuerdo de Pleno se decida incorporar a la Supervisión un caso en concreto, a propuesta del ponente de la causa.

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CENTROS DE CONCILIACIÓN PODRÁN REINICIAR ACTIVIDADES LUEGO DE REGISTRARSE EN EL SICOVID-19

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha emitido un Comunicado publicado en la página de Facebook, el 12 de junio de 2020, cuyo contenido es el siguiente:

COMUNICADO

La Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), comunica a los Centros de Conciliación Extrajudicial autorizados por el MINJUSDH. Operadores del Sistema Conciliatorio y ciudadanía en general, lo siguiente:

1. Que, mediante Decreto Supremo 101-2020-PCM, se aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo 080-2020-PCM.

2. Que. el artículo 3 del Decreto Supremo 080-2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo 101-2020-PCM, establece que la reanudación de las actividades económicas incluidas en las fases de la Reanudación de Actividades, se efectuará de manera automática una vez que se haya registrado el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) administrado por el Centro Nacional de Salud y Protección del Ambiente para la Salud – CENSOPAS del Instituto Nacional de Salud-INS.

3. Que, la conciliación extrajudicial se encuentra comprendida dentro del rubro de «actividades jurídicas”, contemplada en el anexo del citado marco legal, por lo que corresponde cumplir con lo dispuesto.

4. Que, para la elaboración del mencionado “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, los Centros de Conciliación Extrajudicial deben tomar en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial 239-2020-MINSA y sus posteriores adecuaciones.

5. Sin perjuicio de ello, los Centros de Conciliación Extrajudicial que hayan registrado su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y recibido la constancia de inscripción por parte del CENSOPAS, deberán informar de dicha situación a la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, con la precisión de la fecha de reinicio de sus actividades, para las acciones en el marco de sus competencias.

6. Finalmente, para la zona urbana de los departamentos y provincias considerados en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo 094-2020-PCM (Tumbes. Piura, Lambayeque, La Libertad. Loreto, Ucayali. lea y las provincias de Santa, Huarmey y Casma del departamento de Áncash), el reinicio de las actividades de los centros de conciliación será determinado mediante Resolución Ministerial a ser expedida por el MINJUSDH, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Supremo 080-2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo 103-2020-PCM.

Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos

Lima, 12 de junio de 2020

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Certificado Único Laboral para Personas Adultas ante el impacto del COVID-19

Establecen disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 1498, Decreto Legislativo que otorga accesibilidad al Certificado Único Laboral para Personas Adultas ante el impacto del COVID-19, así se dispuso mediante DECRETO SUPREMO Nº 014-2020-TR, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10 de junio del 2020, donde se establecen de manera detallada la formalidad para otorgar el certificado CERTIADULTO.

Ámbito de aplicación

La norma señalada es aplicable a Las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, o la que haga sus veces en los gobiernos regionales, involucradas en actuaciones materiales vinculadas con la emisión y/o asistencia técnica, según corresponda, para la obtención del Certificado Único Laboral para Personas Adultas – CERTIADULTO, de acuerdo con sus competencias; las cuales podrán suscribir un convenio de cooperación interinstitucional con los gobiernos locales correspondientes a su jurisdicción, o con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, según sea el caso, para el ejercicio, vía delegación, de dichas actuaciones. El/la empleador/a, sea persona natural o jurídica, que solicita el Certificado Único Laboral para Personas Adultas – CERTIADULTO, como requisito al/a la postulante a un puesto de trabajo. La persona natural de treinta a más años de edad que solicite el Certificado Único Laboral para Personas Adultas – CERTIADULTO.

Requisitos para acceder al Certificado

Para acceder al Certificado Único Laboral para Personas Adultas – CERTIADULTO se deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener de treinta a más años de edad; y,

b) Contar con Documento Nacional de Identidad (DNI).

Información contenida en el Certificado

El Certificado Único Laboral para Personas Adultas – CERTIADULTO contiene la siguiente información:

a) Datos de identidad, nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del/de la ciudadano/a, información proporcionada bajo responsabilidad del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

b) Antecedentes policiales, en los cuales se indica, únicamente, si el/la ciudadano/a cuenta o no con antecedentes, información proporcionada bajo responsabilidad del Ministerio del Interior (MININTER) a través de la Policía Nacional del Perú (PNP).

c) Antecedentes judiciales, en los cuales se indica, únicamente, si el/la ciudadano/a cuenta o no con antecedentes, información proporcionada bajo responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

d) Antecedentes penales, en los cuales se indica, únicamente, si el/la ciudadano/a cuenta o no con antecedentes, información proporcionada bajo responsabilidad del Poder Judicial (PJ).

e) Trayectoria educativa del/de la ciudadano/a, respecto a formación universitaria, la información oficial sobre grados y títulos, y nombre de las instituciones educativas, información proporcionada bajo responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU).

f) Trayectoria educativa del/de la ciudadano/a, respecto a educación superior pedagógica, tecnológica y artística, la información oficial sobre grados y títulos, y nombre de las instituciones educativas, información proporcionada bajo responsabilidad del Ministerio de Educación (MINEDU) y la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), según corresponda.

g) Experiencia laboral del/de la ciudadana, la información respecto del nombre de la/s entidad/es con las cuales haya tenido vínculo laboral formal y el periodo correspondiente, registrado en el Sistema de Planillas Electrónicas, información proporcionada bajo responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Proceso de obtención del Certificado

  1. El/la ciudadano/a accede al portal web del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción el Empleo (www.empleosperu.gob.pe) mediante su Documento Nacional de Identidad (DNI) y completa su registro con la información que le sea solicitada.
  2. Durante el registro se activa el procedimiento de validación de identidad virtual conforme con lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
  3. Culminado el proceso de verificación de identidad del/de la solicitante, se autogenera inmediatamente su primer certificado, el cual se aloja en su carpeta de certificados, mediante la cual puede acceder al mismo para descarga y/o impresión. Asimismo, el sistema habilita su acceso para que pueda generar un nuevo certificado cada vez que lo solicite, con los datos de su Documento Nacional de Identidad (DNI), a través del portal web del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.empleosperu.gob.pe). La generación de un nuevo certificado no está restringida a la vigencia de uno anterior, pudiendo almacenarse los diez últimos certificados en la carpeta del/de la usuario/a.
  4. El procedimiento de validación de identidad también puede realizarse mediante canales alternativos que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo autorice e implemente.

Firma digital

El Certificado cuenta con la firma digital del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, utilizando los mecanismos que se encuentren disponibles de conformidad con la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM, y/o las normas correspondientes.

 Vigencia

El Certificado Único Laboral para Personas Adultas – CERTIADULTO tiene una vigencia de tres meses desde la fecha de su emisión.

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DESCARGUE EL DECRETO LEGISLTIVO 1498 EN PDF AQUI

MODELO DE APELACION DE SENTENCIA

Expediente N°  : 4889-2010

Secretario          : Dra. García Jurado

Cuaderno          : Principal

Escrito               : 09

Sumilla              : Apelación parcial de sentencia

SEÑOR JUEZ DEL NOVENO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

QUINTIN MENDOZA ANQUISE, abogado de ……………………………………………………..; en los autos sobre Proceso de partición de bienes, que sigue ………………………………………..; ante Ud. me presento y digo:

I.- PETITORIO

Formulo apelación parcial en contra la sentencia Nº 92-2013, contenida en la resolución N° 37, de fecha 24 de octubre del 2013 y notificada el 19 de diciembre del año en curso, solamente la parte que declara: “… FUNDADA en parte la demanda de fojas veintiuno y siguientes sobre partición interpuesta por Mario Tacuri Suca…”; adjudicando el 50 por ciento de los bienes inmuebles ubicados en …………………………………….., del distrito de Alto Selva Alegre y del ………………………………. Mundo de la Avenida Jorge Chávez N° 297, de Arequipa; a efecto se declare nulo y declare improcedente la demanda, disponiendo archivarse el caso por la causal de falta de interés para obrar del demandante.

II. AGRAVIOS.

La sentencia apelada agravia a mi patrocinada por la inaplicación del principio constitucional de pactos entre particulares tiene carácter de ley para las partes, vulnerándose el principio de una tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso;  como consecuencia de ello, causa perjuicio, económico, familiar y sobre todo moral, por encontrarse en una situación de preocupación permanente sobre la titularidad de los predios otorgados mediante sentencia de primer grado a recurrirse.

III.- FUNDAMENTOS DEL AGRAVIO ERROR DE HECHO Y DERECHO INCURRIDOS EN LA SENTENCIA IMPUGNADA.

3.1. Eldemandante inició un proceso judicial de división y partición de bienes que son copropietarios con la demandada.

3.1.2. Al momento de iniciar la demanda si bien es cierto que todo propietario tiene derecho de solicitar la partición de bienes en copropiedad, a efecto se disponga señalar el juzgado la parte física que le corresponde, para ejercitar los derechos que tiene todo propietario conforme a nuestra Constitución.

3.1.3. En el presente caso, el demandante y mi patrocinada, no son copropietarios comunes, donde no tienen obligaciones pendientes; ya que de los medios probatorios ofrecidos tanto de parte del demandante y de la demandada, se ha probado que existe una relación muy especial, por ser estos ex convivientes, que han procreado descendientes (hijos aún menores de edad).

3.1.4. Como consecuencia de tener hijos menores; ellos, en el mes de agosto del año 2007, celebraron en forma voluntaria, inclusive obligando a mi patrocinada para abandonar el hogar de convivencia, para luego contraer  nupcias con otra persona; donde constan en dos escrituras públicas de fechas 20 de agosto del 2007 y su aclaratoria de 13 de septiembre del mismo año; donde se aprecian como muy bien se ha sustentado en la sentencia recurrida, que existe ACUERDO VOLUNTARIO DE AMBAS PARTES DE dejar en la administración, uso y usufructo de los bienes a favor de mi patrocinada, que mediante el caso de autos se ha dispuesto su partición.

3.1.5. La sentencia apelada debe ser declarada nula por los siguientes fundamentos:

  1. Que el Artículo 62, de nuestra Constitución Política vigente establece que: “La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley”.
  2. Que, mediante las escritura Pública señalada en el punto 3.1.4 de la presente apelación, existe un acuerdo de voluntades entre las dos partes (cláusula sexta de la escritura pública N° 3335); donde expresamente señalan que la vigencia de la Escritura Pública será hasta los menores hijos tengan la  mayoría de edad y sean profesionales.
  3. Al revisar la sentencia apelada en su parte considerativa séptimo a noveno, el Juez de primera instancia, ha sustentado efectivamente en este sentido sin embargo no ha plasmado esta motivación en la parte resolutiva de la sentencia, lo que genera una incongruencia con la parte considerativa y la resolutiva; pues para decidir sobre la partición también debería decidirse sobre el otorgamiento de la posesión, siempre que no existiese pacto alguno que restrinja este de derecho.
  4. Entonces, al existir un acuerdo entre la mismas partes, cuya vigencia es hasta que los hijos menores tengan una profesión, lo cual está supeditado al transcurrir de tiempo que no tiene un límite muy bien establecido (que solo se probará con los títulos profesionales delo hijos); pero, al otorgarle el derecho de partición y a la vez disponer que no se puede repartir; no puede declarase fundada una demanda de este tipo; pues lo único que podía declarase es IMPROCEDNTE LA DEMANDA porque el DEMANDANTE no tiene interés para obrar en  el presente caso, ya que no son profesionales ni siquiera mayores de edad los hijos de los sujetos procesales (demandante y demandada).
  5. El interés para obrar según el procesalista Ticona Postigo prefiere llamarla «necesidad de tutela jurisdiccional» y nos dice que «es el estado de necesidad de tutela jurisdiccional en que se encuentra una persona en concreto y que lo determina a solicitar, por vía única y sin tener otra alternativa eficaz, la intervención del respectivo órgano jurisdiccional con la finalidad de que resuelva el conflicto de interés en el cual es parte«. Juan Monroy, sobre el tema nos precisa que «hay interés para obrar cuando una persona ha agotado todos los medios para satisfacer su pretensión material y no tiene otra alternativa que recurrir al órgano jurisdiccional. Esta necesidad inmediata, actual, irremplazable de tutela jurídica es el interés para obrar” 
  6. La interrogante surge inmediatamente; el demandante, ¿Cuándo tendrá el interés para obrar?, en base a las actuaciones del expediente y sobre todo por los medios probatorios actuados como son las  escrituras Públicas mencionadas; el demandante adquirirá su interés para obrar, recién cuando sus menores hijos tengan una profesión y sean mayores de edad; lo que no ha tomado en cuenta el A Quo, en el presente caso.