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El 21 de julio del año 2020, se ha publicado en el diario oficial El Peruano, la Resolución Administrativa N° 000185-2020-CE-PJ, mediante el cual se aprueba el protocolo de entrega de depósitos judiciales en el módulo corporativo laboral adecuado al tiempo de pandemia ocasionada por el COVID -19.

El protocolo, establece el procedimiento para la entrega de los depósitos judiciales a los beneficiarios:

1. Los abogados y litigantes harán el requerimiento de entrega de depósito electrónico mediante el aplicativo de mensajería instantánea denominado “WhatsApp”, al personal designado por el Administrador, o a quien haga sus veces, señalando los siguientes datos:

• Número de expediente.

• Identificación de la parte procesal requirente: precisar si es demandante o demandado o tercero procesal

• Nombres y apellidos completos de la parte procesal requirente

• Foto del DNI (por ambos lados) de la parte requirente y que efectuará el cobro del depósito judicial electrónico.
• Correo electrónico del beneficiario a través del cual se remitirá la orden de pago o Número Telefónico del que se comunicó inicialmente.

2. El personal encargado de atender, remitirá la consulta al correo electrónico del secretario judicial de ejecución encargado del expediente.

3. Al ser revisado el expediente por el secretario judicial de ejecución, se presentarán los siguientes supuestos:

• El escrito mediante el cual la parte procesal adjuntó voluntariamente el depósito judicial electrónico, fue proveído a través de resolución judicial debidamente notificada a las partes procesales. En este supuesto el secretario de ejecución únicamente enviará vía remota la orden de pago a través del Sistema Integrado Judicial (SIJ) para la posterior autorización de pago a cargo del Magistrado respectivo.

• El escrito mediante el cual la parte procesal adjunta voluntariamente el depósito judicial electrónico no ha sido proveído. En este supuesto el secretario de ejecución elaborará el proyecto de resolución, el mismo que se enviará vía remota a través del Sistema Integrado Judicial (SIJ) para la revisión y firma digital a cargo del Magistrado.

• La medida de ejecución ha sido declarada consentida mediante resolución judicial debidamente notificada a las partes procesales. En este supuesto el secretario de ejecución únicamente enviará vía remota la orden de pago a través del Sistema Integrado Judicial (SIJ) para la posterior autorización de pago a cargo del Magistrado.

• La medida de ejecución no ha sido declarada consentida. En este supuesto el secretario de ejecución elaborará el proyecto de resolución, el mismo que se enviará vía remota a través del Sistema Integrado Judicial (SIJ) para la revisión y firma digital a cargo del Magistrado.

• La resolución judicial que concede la medida de ejecución ha sido confirmada por el Superior Jerárquico. En este supuesto el secretario de ejecución únicamente enviará vía remota la orden de pago a través del Sistema Integrado Judicial (SIJ) para la posterior autorización de pago a cargo del Magistrado.

4. El Magistrado recepcionará y revisará vía remota el proyecto de resolución judicial remitido mediante el Sistema Integrado Judicial (SIJ); asimismo, si lo estima necesario requerirá que el secretario le dé cuenta, sea vía telefónica o cualquier medio de comunicación informático; posteriormente procederá a firmar digitalmente la resolución.

5. El secretario firma y descarga la resolución, para luego realizar la remisión de la orden de pago para la autorización del magistrado.

6. El secretario de ejecución procede a registrar los datos de identidad del beneficiario, efectuando la primera autorización; luego de ello lo remitirá vía remota al Magistrado, quien validará la información registrada por el secretario de ejecución y procederá a efectuar la segunda autorización vía remota. Con ello realizará la transferencia definitiva de la autorización de pago.

7. Efectuadas las autorizaciones de pago del depósito judicial electrónico, el secretario de ejecución imprimirá la orden de pago para su posterior anexo al expediente, y a la vez lo remitirá al correo institucional del personal encargado de la atención al usuario con copia al Administrador del Módulo Corporativo Laboral.

8. Finalmente, el personal encargado remitirá al beneficiario la orden de pago, a través del correo electrónico o mediante el aplicativo de mensajería instantánea denominado “WhatsApp”.

Complementando la Resolución Administrativa N° 000185-2020-CE-PJ, les recordamos que los depósitos judiciales electrónicos, han sustituido los certificados físicos que son utilizados actualmente. Tanto la emisión (constitución solo con número de expediente) como la cancelación (orden de pago generada por el juzgado) de los depósitos judiciales virtuales se producen de manera electrónica con intercambio de información entre ambas entidades.

Los requisitos para la emisión y cobro de los depósitos judiciales virtuales/electrónicos, es la siguiente:

EMISIÓN DEL DEPÓSITO JUDICIAL SISTEMA ELECTRÓNICO

El depositante se apersonará a cualquier oficina del Banco de la Nación del ámbito nacional y solicitará la constitución de un Depósito Judicial virtual/electrónico, para lo cual proporcionará los siguientes requisitos:

• Número del expediente judicial completo.
• Importe a consignar.
• DNI / RUC del obligado o depositante.
• Motivo de juicio.
• Firma del obligado o depositante

Si la emisión se efectúa con cheque de otro banco, este deberá ser de Gerencia o Certificado, de la misma plaza y girado a la orden del Banco de la Nación acompañado de una carta de la empresa, donde indique: N° de cheque, banco girado, fecha del cheque e importe.

Si la emisión es con cargo en cuenta corriente o con cheque del mismo banco girado a la orden del Banco de la Nación, debe presentar una carta orden autorizando el cargo y firmada por los funcionarios titulares de la cuenta corriente, donde indique: N° de cheque, N° de cuenta corriente, banco girado, fecha del cheque e importe.

Cobro del depósito judicial sistema electrónico

Todos los beneficiarios de depósitos judiciales virtuales/electrónicos podrán efectuar el cobro respectivo apersonándose a cualquier oficina del Banco de la Nación del ámbito nacional (Lima y Provincias), siendo requisitos indispensables:

• Número de Orden de Pago emitida por el Poder Judicial.
• El beneficiario deberá presentar Documento Nacional de Identidad.
• Firma y huella digital del beneficiario.
• En caso el Certificado virtual/electrónico deba ser cobrado por personas distintas (natural y/o jurídica), la autoridad competente (Juzgado) deberá generar necesariamente una orden de pago virtual/electrónica para cada una de ellas.
• El pago a persona jurídica es mediante cheque de Gerencia, en caso requiera abono en cuenta corriente deberá presentar una carta orden firmada por los funcionarios autorizados detallando los datos del representante que efectuará el trámite.
• El pago de depósitos judiciales virtuales / electrónicos se efectúa sin límites de montos en moneda nacional o extranjera.
• La liquidación de órdenes de pago con abono en cuenta corriente, perteneciente a Entidades del Estado, se efectuará previo requerimiento suscrito por funcionarios con firma registrada en el Banco y facultados para realizar operaciones en dicha cuenta corriente.

DESCARGUE R A N° 00185-2020-CE-PJ Y PROTOCOLO, AQUÍ EN PDF

DESCARGUE LA R A N° 00185-2020-CE-PJ, AQUÍ

FORMULARIO-DE-DEPÓSITOS-JUDICIALES AQUÍ

Solicitud para trámite, endoso o entrega de depósito judicial virtual

Yo, ___________________________________________________ identificado con DNI N° ________________, domiciliado en ___________________________

_______________________________________, Distrito de ________________, Provincia _________________________, solicito: El trámite y entrega de depósito judicial y la remisión de manera remota o virtual del documento para el cobro en el banco (        ) .

Para lo cual adjunto los siguientes datos:

DEMANDANTE / BENEFICIARIO

Nombres y apellidos del beneficiario
Órgano Jurisdiccional
Expediente N°
Número de Celular
Correo electrónico del beneficiario
Nombre y apellidos del demandado o Razon Social
Número telefónico del demandado
Correo electrónico del demandado

ABOGADO / REPRESENTANTE

Nombres y apellidos
Número de celular
Casilla Electrónica
Correo Electrónico
Registro de colegio profesional

Arequipa, ____ de ___________ de 2020

Firma:

_____________________________

Nombre:                                           

DNI:                                                  

El Poder Judicial ha publicado en el diario Oficial el Peruano el 21 de julio del 2020, la Resolución Administrativa N° 190-2020-CE-PJ, que Aprueba el “Protocolo de adecuación de los procedimientos del Módulo Corporativo Laboral (MCL) y Sala Superior al tiempo de pandemia ocasionada por el Covid-19”; dicho protocolo Comprende a todas las Cortes Superiores de Justicia del país que aplican la Nueva Ley Procesal del Trabajo bajo el Modelo Corporativo Laboral.
Se precisa que la adecuación es solo para los procedimientos mencionados en el presente protocolo, el resto de procedimientos, así como el personal jurisdiccional que no han sido comprendidos en el presente documento continuarán realizándose y ejecutando sus labores respectivamente Conforme con lo establecido en el Protocolo aprobado mediante R.A. Nº 129-
2020-CE-PJ, modificado por la R.A. Nº 146-2020-CE-PJ; cuyo contenido es el siguiente:

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 190-2020-CE-PJ

Lima, 16 de julio del 2020

VISTO:

El Oficio Nº 000106-2020-CE-PJ cursado por el señor Javier Arévalo Vela, Consejero Responsable del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, el Decreto de Urgencia Nº 026-2020 publicado el 15 de marzo de 2020, entre otras medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el Perú, facultó a los empleadores del sector público a modificar el lugar de la prestación de servicios de todos sus trabajadores para implementar el trabajo remoto.

Segundo. Que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resoluciones Administrativas Nº 115-2020-CE-PJ, Nº 117-2020-CE-PJ, Nº 118-2020- CE-PJ, Nº 061-2020-P-CE-PJ, Nº 062-2020-P-CE-PJ y Nº 157-2020-CE-PJ, dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial; así como los plazos procesales y administrativos hasta el 30 de junio de 2020, en concordancia con los Decretos Supremos Nros. 044, 051, 064, 075, 083 y 094-2020-PCM; por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Asimismo, establece medidas para el funcionamiento de órganos jurisdiccionales de emergencia a nivel nacional.

Tercero. Que, por Resolución Administrativa Nº 000129-2020-CE-PJ se aprobó el Protocolo denominado “Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial”, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio establecido por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y prorrogado por los Decretos Supremos Nros. 051 y 064-2020-PCM”; el cual fue modificado mediante Resolución Administrativa Nº 146-2020-CE-PJ de fecha 16 de mayo del presente año, y se aprobó el Reglamento para su aplicación.

Cuarto. Que, de otro lado, el artículo tercero de la Resolución Administrativa Nº 000069-2020-P-CE-PJ de fecha 6 de junio de 2020 dispone “que el trabajo remoto en el Poder Judicial debe aplicarse de manera prioritaria, a fin de evitar la exposición de los trabajadores al riesgo del contagio del COVID-19”.

Quinto. Que, la comunidad científica y la Organización Mundial de la Salud han señalado que el COVID-19 es una enfermedad desconocida y recientemente descubierta; teniendo la certeza que se propaga rápidamente a través del contacto con una persona contagiada. Peculiaridad que ha determinado que el Poder Ejecutivo establezca como medida sanitaria el aislamiento social obligatorio, a efecto de menguar el nivel de contagio en nuestro país, sin perjuicio de garantizar la continuidad de los servicios básicos, dentro de los cuales se encuentra el servicio de justicia brindado por este poder del Estado, que en condiciones de normalidad es de carácter masivo por la confluencia inmensa y simultánea de personas dentro de sus instalaciones. En este contexto, la propia dinámica del servicio de administración de justicia y de la actividad jurisdiccional, crea el escenario para la propagación y transmisión del virus, por lo que resulta necesario adoptar medidas de carácter urgente y temporal, complementarias a las medidas de prevención y atención que ya se han dispuesto, para evitar y controlar el desarrollo de la epidemia.

Sexto. Que, mediante Resolución Administrativa Nº 061-2013-CE-PJ, de fecha 3 de abril de 2016, se aprobó la “Nueva Estructura Organizacional y Funcional del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo”, estipulando que dicho Equipo Técnico es el órgano rector del proceso de implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley Nº 29497) en los Distritos Judiciales del país, teniendo como funciones planificar, conducir, coordinar, evaluar y monitorear el proceso de implementación de la referida norma procesal en todo el territorio nacional, coadyuvando a su consolidación y fortalecimiento; así como proponer mejoras institucionales en el proceso de implementación de la reforma procesal laboral; resultando competente para el desarrollo de actividades relacionadas a la implementación progresiva de la mencionada ley, y las normas de gestión conexas a ella.

Sétimo. Que, en ese contexto, el señor Javier Arévalo Vela, Consejero Responsable del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, eleva a este Órgano de Gobierno del Poder Judicial la propuesta denominada “Protocolo de adecuación de los procedimientos del Módulo Corporativo Laboral (MCL) y Sala Superior al tiempo de pandemia ocasionada por el Covid-19”.

El referido protocolo es un instrumento normativo que establece las medidas que deberán adoptarse, a fin de adecuar los procedimientos del Módulo Corporativo Laboral y del órgano de segunda instancia a la situación actual que vive el país, debido a la pandemia originada por el brote del COVID-19, de modo que las actividades jurisdiccionales sean realizadas de manera virtual salvaguardando las restricciones sanitarias y el distanciamiento social, sin afectar el derecho de acceso a la justicia de los usuarios del servicio, ni el derecho a la protección y seguridad tanto de los magistrados; así como del personal jurisdiccional y administrativo de los Módulos Corporativos y Salas Superiores que tramitan procesos laborales bajo la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

Octavo. Que, el artículo 82º, inciso 26), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias de este Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia. Por lo que siendo así, y teniendo en cuenta el propósito de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, deviene en pertinente la aprobación de la propuesta presentada.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº 766-2020 de la cuadragésima segunda sesión de fecha 8 de julio de 2020, realizada en forma virtual, con la participación de los señores Lecaros Cornejo, Arévalo Vela, Lama More, Álvarez Trujillo, Pareja Centeno y Castillo Venegas; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el “Protocolo de adecuación de los procedimientos del Módulo Corporativo Laboral (MCL) y Sala Superior al tiempo de pandemia ocasionada por el Covid-19”, que en anexo forma parte de la presente decisión.

Artículo Segundo.- Disponer que lo no previsto en el presente protocolo es de aplicación supletoria lo contenido en el Protocolo Temporal para Audiencias Judiciales Virtuales, aprobado por la Resolución Administrativa Nº 000173-2020-CE-PJ.

Artículo Tercero.- Disponer que el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo brinde la capacitación para la aplicación del presente Protocolo, a los Jueces Coordinadores y Administradores de los Módulos Corporativos Laborales, quienes deberán realizar la réplica correspondiente al interior de la Corte Superior de Justicia.

Artículo Cuarto.– Disponer la publicación de la presente resolución administrativa y el documento aprobado, en el Portal Institucional del Poder Judicial para su difusión y cumplimiento.

Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país en donde se encuentre implementado la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Órgano de Control de la Magistratura, Equipo Técnico de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente

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El 11 de julio del año 2020, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, el modelo referencial de contrato de trabajo del hogar, el formato referencial de boleta de pago y el aplicativo web para el registro del contrato de trabajo de conformidad con la Ley N° 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar, habiéndose aprobado mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL GENERAL Nº 0001-2020-MTPE/2/15, emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, siendo su contenido siguiente:

RESOLUCIÓN DIRECTORAL GENERAL Nº 0001-2020-MTPE/2/15

Lima, 9 de julio de 2020

VISTOS: El Informe Nº 41-2020-MTPE/2/15.1 de la Dirección de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales Laborales de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, el Informe Nº627-2020-MTPE/4/13.2, elaborado por la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones; el Informe Nº1424-2020-MTPE/4/8, de la Oficina General de Asesoría Jurídica y el Memorando Nº 601-2020-MTPE/4/9, de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú establece en el artículo 23 que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del/la trabajador/a; asimismo, determina en el artículo 26 que en la relación laboral se respeta, entre otros, el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación;

Que, de conformidad con el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y sus modificatorias, una de las competencias exclusivas del mencionado Ministerio es la de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de derechos fundamentales en el ámbito laboral y de difusión de normativa laboral;

Que, de conformidad con el literal a) del numeral 8.2 del artículo 8 de la referida Ley, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el marco de sus funciones compartidas, garantiza y promueve el ejercicio de los derechos fundamentales, en el ámbito laboral, reconocidos en la Constitución Política del Perú e instrumentos internacionales relacionados con el trabajo, el empleo y la protección social, como la libertad de trabajo y erradicación del trabajo forzoso; la erradicación del trabajo infantil; la libertad sindical; la igualdad de oportunidades y no discriminación, con especial protección a la madre, el menor de edad y la persona con discapacidad, entre otros;

Que, mediante el Convenio Nº 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, ratificado por el Estado Peruano el 26 de noviembre de 2018, se establece que todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar la promoción y la protección efectivas de los derechos humanos de dichos/as trabajadores/as; estableciéndose, en particular, en el artículo 7 que todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los/as trabajadores/as domésticos/as sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible mediante contratos escritos;

Que, en ese contexto, mediante Decreto Legislativo Nº 1499, Decreto Legislativo que establece diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos socio laborales de los/as trabajadores/as en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, se modifican diversos artículos de la Ley Nº 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar, determinándose en el numeral 2 del artículo 3 que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprueba, publica y difunde un modelo referencial de contrato de trabajo del hogar; asimismo, en el numeral 3 del artículo 6 se establece que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprueba, publica y difunde un formato referencial de boleta de pago; y, en el numeral 3 del artículo 3 se regula que el contrato de trabajo del hogar se registra por el/a empleador/a o por el/la propio/a trabajador/a del hogar en el aplicativo web que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;

Que, el literal b) del artículo 72 de la Resolución Ministerial Nº308-2019-TR, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señala que la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud del Trabajo tiene como función la de emitir directivas, lineamientos técnicos y procedimientos en materia de promoción, protección y cumplimiento de los derechos fundamentales en el ámbito laboral y seguridad y salud en el trabajo;

Que, el Informe Nº41-2020-MTPE/2/15.1, elaborado por la Dirección de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales Laborales de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, contiene la propuesta del modelo referencial de contrato de trabajo del hogar y del formato referencial de boleta de pago, en el marco de la normativa previamente citada;

Que, el Informe Nº627-2020-MTPE/4/13.2, elaborado por la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, informa que el aplicativo web para el registro del contrato de trabajo se encuentra en producción y que, a la vez, cuenta la conformidad funcional del mismo por parte de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales;

Que, el Informe Nº1424-2020-MTPE/4/8, de la Oficina General de Asesoría Jurídica y el Memorando Nº601-2020-MTPE/4/9, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, señalan que es viable que la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo apruebe, mediante Resolución Directoral General, el modelo referencial de contrato de trabajo del hogar, el formato referencial de boleta de pago y el aplicativo web para el registro del contrato de trabajo del hogar;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el artículo 72 de la Resolución Ministerial Nº 308-2019-TR, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del modelo referencial de contrato de trabajo del hogar

Apruébase el modelo referencial de contrato de trabajo del hogar de conformidad con el numeral 3.2 del artículo 3 de la Ley Nº 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1499, el mismo que, como Anexo 1, forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Aprobación del formato referencial de boleta de pago

Apruébase el formato referencial de boleta de pago de conformidad con el numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley Nº 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1499, el mismo que, como Anexo 2, forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 3.- Aprobación del aplicativo web para el registro del contrato de trabajo del hogar

Apruébase el aplicativo web para el registro del contrato de trabajo de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley Nº 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar modificada por el Decreto Legislativo Nº 1499, el mismo que estará disponible en el portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe) en la misma fecha de la publicación de la presente resolución.

Artículo 4.- Administración de la información contenida en el aplicativo web para el registro del contrato de trabajo del hogar

Encárguese a la Dirección de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales Laborales de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo la administración de la información contenida en el aplicativo web para el registro del contrato de trabajo, aprobado por el artículo precedente.

Artículo 5.- Publicación

Dispóngase que la presente resolución y sus anexos se publiquen en el diario oficial “El Peruano” y en el portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe) en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, siendo responsable de dicha acción la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SERGIO ARTURO QUIÑONES INFANTE

Director General

Dirección General de Derechos Fundamentales

y Seguridad y Salud en el Trabajo

ANEXO 1

MODELO REFERENCIAL DE CONTRATO DE TRABAJO DEL HOGAR

DATOS DE EL/LA TRABAJADOR/A DEL HOGAR
NOMBRE	Nº DNI/CE	NACIONALIDAD
DOMICILIO DE EL/LA TRABAJADOR/A DEL HOGAR
Calle/Av/Jr. Nº	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
DATOS DE EL/LA EMPLEADOR/A
NOMBRE	Nº DNI / CE	NACIONALIDAD
DOMICILIO DE EL/LA EMPLEADOR/A
Calle/Av/Jr. Nº	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
FECHA DE INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL	_______/_________/_______DIA MES AÑO

EL/LA TRABAJADOR/A DEL HOGAR y EL/LA EMPLEADOR/A, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1499, y su Reglamento, celebran el presente contrato y acuerdan formalizarlo con las siguientes clausulas:

Primera.- LUGAR DE TRABAJO

EL/LA TRABAJADOR/A DEL HOGAR realizará las labores acordadas en la cláusula segunda en el siguiente domicilio ________________________, el cual constituye la residencia o casa-habitación del empleador y/o de sus familiares.

Segunda.- LABORES A REALIZAR

EL/LA EMPLEADOR/A contrata los servicios de EL/LA TRABAJADOR/A DEL HOGAR para que realice las labores de _________________________________ y demás labores propias del cuidado de una residencia o casa-habitación, y que no importan lucro o negocio para EL/LA EMPLEADOR/A.

EL/LA EMPLEADOR/A se obliga a facilitar a EL/LA TRABAJADOR/A DEL HOGAR las condiciones, herramientas y materiales necesarios para el adecuado y cabal desarrollo de sus labores.

Tercera.- MONTO Y MODALIDAD DE LA REMUNERACIÓN

EL/LA TRABAJADOR/A DEL HOGAR recibirá una remuneración bruta ascendente a S/________.____ (_______________________________y 00/100 Soles) que será pagada con la periodicidad y bajo la modalidad que se indican a continuación:

		Semanal (Días de pago: ___________________)
		Quincenal (Días de pago: __________________)
		Mensual (Días de pago: ___________________)
		Efectivo
		Transferencia bancaria
		Banco: __________________________________
		Número de cuenta: ________________________
		CCI: ____________________________________

EL/LA EMPLEADOR/A deberá emitir una boleta de pago conforme a la normativa vigente en la materia, como constancia del pago realizado conforme a lo establecido en la presente cláusula.

Cuarta.- JORNADA, HORARIO DE TRABAJO Y DESCANSO SEMANAL

La jornada ordinaria de trabajo de EL/LA TRABAJADOR/A DEL HOGAR es de ________ horas al día / semana, la cual se cumplirá en el horario de ________.

EL/LA TRABAJADOR/A DEL HOGAR disfrutará de su descanso semanal obligatorio el/los dia/s ______.

Quinta.- MODALIDAD DE TRABAJO

Marcar con X la modalidad de trabajo a la que corresponda el presente contrato:

	CAMA ADENTRO
	Bajo esta modalidad EL/LA EMPLEADOR/A está obligado a proporcionar a EL/LA TRABAJADOR/A DEL HOGAR de un alojamiento y alimentación de acuerdo con el nivel económico del centro de trabajo.
	CAMA AFUERA
	Bajo esta modalidad, EL/LA EMPLEADOR/A está obligado a proporcionar a EL/LA TRABAJADOR/A DEL HOGAR alimentación de acuerdo con el nivel económico del centro de trabajo y con el horario y jornada de trabajo.

Sexta.- PROVISIÓN DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO

EL/LA EMPLEADOR/A tiene la obligación de proveer a EL/LA TRABAJADOR/A DEL HOGAR de equipos de protección, herramientas para la ejecución del servicio, y demás implementos necesarios para garantizar condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Séptima.- APLICACIÓN SUPLETORIA

En todo lo no previsto por el presente contrato, se aplica lo dispuesto en la Ley Nº 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar, su reglamento y normas complementarias, y de forma supletoria las disposiciones del régimen laboral de la actividad privada.

Firmado en la ciudad de __________ a los_______ días del mes de________ del 20____

EL/LA EMPLEADOR/A EL/LA TRABAJADOR/A

DEL HOGAR

(*) Si alguna de las partes no supiera firmar, colocará su huella digital.

ANEXO 2

FORMATO REFERENCIAL DE BOLETA DE PAGO

DATOS DEL/DE LA EMPLEADOR/A
NOMBRE	Nº DNI / CE Nº
DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A DEL HOGAR
NOMBRE	Nº DNI/CE Nº
PERIODICIDAD DEL PAGO
SEMANAL ( ) QUINCENAL ( ) MENSUAL ( )
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO
DESDE	HASTA
_______ / _______ /______DIA MES AÑO	_______ / _______ /______DIA MES AÑO

DETALLE DE LA REMUNERACIÓN:

EL/LA EMPLEADOR/A EL/LA TRABAJADOR/A

DEL HOGAR

(*) Si alguna de las partes no supiera firmar, colocará su huella digital.

El 11 de julio del año 2020, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el precedente administrativo emitido por la sala plena de SERVIR, la misma que fue aprobada mediante Resolución de Sala Plena Nº 008-2020-SERVIR/TSC, siendo su contenido siguiente:

RESOLUCIÓN DE SALA PLENA Nº 008-2020-SERVIR/TSC

Asunto: EL ACTO IMPUGNABLE EN LOS CONCURSOS PÚBLICOS DE MÉRITOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO CIVIL Y CONCURSOS INTERNOS PARA LA PROGRESIÓN EN LA CARRERA

Lima, 3 de julio de 2020

Los Vocales integrantes de la Primera y Segunda Salas del Tribunal del Servicio Civil, reunidos en Sala Plena, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 4º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM[1], emiten el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1. El Tribunal del Servicio Civil, como órgano colegiado encargado de resolver las controversias individuales que se suscitan entre las Entidades y las personas a su servicio, tiene competencia para resolver, entre otras, las materias de acceso al servicio civil y progresión y evaluación en la carrera. Debiendo precisar, respecto de la primera de las mencionadas competencias, que están legitimados para interponer recurso de apelación quienes aun no estando al servicio del Estado, ven afectado su derecho al acceso al servicio civil.

2. Así, en el marco de los procesos de selección o concursos públicos de méritos para el acceso al servicio civil, tanto en los regímenes laborales regulados por los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057 y en la Ley Nº 30057, como en los regímenes de las carreras especiales (Leyes Nos 29944, 30220, entre otras) los administrados interponen recursos de apelación en contra de diversidad de actos emitidos por las Entidades. Asimismo, se presentan recursos de apelación en contra de diferentes actos relacionados con los concursos internos convocados por las Entidades para la promoción o progresión en la carrera, así como para la asignación temporal de cargos directivos; debiendo advertir que, un gran número de tales recursos son declarados improcedentes en esta instancia por la causal de inexistencia de acto impugnable.

3. Atendiendo a dicha problemática, y en virtud del principio de predictibilidad que permite generar seguridad al administrado respecto de la actuación de la administración pública, este Cuerpo Colegiado considera necesario precisar los actos administrativos que son impugnables a través de los recursos de apelación, en el marco de su competencia, en relación con los mencionados concursos.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ Los concursos públicos de méritos para el acceso al servicio civil y los concursos de mérito internos para la progresión en la carrera

4. De acuerdo con el artículo 5º de la Ley Nº 28175 – Ley Marco del Empleo Público, el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público, sobre la base de los méritos y capacidades de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades.

5. Por su parte, el artículo IV del Título Preliminar del Decreto Legislativo Nº 1023 – Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, establece que el ingreso al servicio civil permanente o temporal se realiza mediante procesos de selección transparentes sobre la base de criterios objetivos, atendiendo al principio del mérito.

6. En virtud de ello, constituye una regla general que el ingreso al servicio civil se realiza por concurso público de méritos, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 05057-2013-PA/TC, indicando que “existen suficientes y justificadas razones para asumir que el ingreso a la administración pública mediante un contrato a plazo indeterminado exige necesariamente un previo concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada”.

7. Asimismo, los concursos internos para la progresión en la carrera también se rigen por el principio de meritocracia, debiendo ser objetivos y transparentes.

8. En relación con ello, ha de tenerse en cuenta que los procesos de selección de personal tienen por objeto el escoger a las personas idóneas para el cargo, en atención al perfil requerido para cada puesto, por lo que deben desarrollarse con la mayor eficiencia posible a efectos de obtener los mejores resultados en cuanto a los recursos humanos que estarán al servicio del país.

9. Adicionalmente, cabe mencionar que “las entidades públicas no pueden establecer mecanismos diferentes (ya sea a través de convenios colectivos u otro medio) para el ingreso a la Administración Pública, debido a que no se puede vulnerar las exigencias establecidas en las normas imperativas respecto al acceso al servicio civil, y los principios del proceso de selección de personal (mérito, capacidad, igualdad de oportunidades y publicidad)”[2].

10. Los procesos de selección, como mecanismos de incorporación de los servidores civiles, son considerados dentro del proceso de “Gestión de la Incorporación” del “Subsistema de Gestión del Empleo” del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos[3], Sistema que comprende a todos los regímenes y modalidades de contratación de servidores civiles. No obstante, ha de tenerse en cuenta que, los diferentes regímenes laborales generales y de carreras especiales en el Estado, tienen distinta regulación respecto del desarrollo y etapas de los procesos o procedimientos de selección para el ingreso a la administración pública, así como para los concursos de progresión o promoción de los servidores. Por ejemplo, para el caso de los concursos públicos de méritos para el acceso al régimen de la Ley Nº 30057 se prevén cuatro etapas: preparatoria, convocatoria y reclutamiento, evaluación, y elección[4].

11. Asimismo, debe advertirse que, algunos procedimientos o procesos de selección consideran etapas de reclamación dentro o durante el desarrollo del concurso (distintos de los recursos administrativos que podrían interponerse una vez culminado el procedimiento); mientras que, en otros casos, no se menciona regla alguna acerca de la impugnabilidad de los actos. Sin embargo, tratándose de procedimientos especiales llevados a cabo por las Entidades de la administración pública, éstos se rigen de manera supletoria por las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.

§ Sobre el derecho de contradicción y los actos administrativos impugnables

12. El derecho de contradicción en la vía administrativa, reconocido en los artículos 120º y 217º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, faculta al administrado a que frente a un acto que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, proceda a su contradicción en la vía administrativa, a través de la interposición de los recursos administrativos previstos en la referida ley.

13. Por ende, los recursos administrativos son los medios de impugnación a través de los cuales se ejerce el derecho de contradicción de los actos administrativos, presentándose como medios de protección del administrado.

14. Así, entre las funciones que cumplen los recursos administrativos, la doctrina considera que éstos se orientan a: (i) garantizar los derechos de los particulares a través de la defensa de sus intereses cuestionando las decisiones administrativas que los afectan; (ii) controlar los actos de la administración, a través de la revisión de sus decisiones; y, (iii) servir como requisito formal para el agotamiento de la vía administrativa, es decir, como presupuesto procesal para la tutela de los derechos del individuo en el proceso contencioso administrativo[5].

15. En esa línea, en cuanto a los presupuestos de validez de los recursos administrativos, “la existencia de un acto administrativo contra el cual se dirige la impugnación”[6] se constituye como el presupuesto objetivo básico para su validez.

16. De ahí que, conviene recordar que el acto administrativo es definido en nuestro ordenamiento jurídico, en el numeral 1.1 del artículo 1º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, como “las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta”.

17. Ahora bien, resulta de especial importancia tener en cuenta que no todos los actos emitidos por las entidades son impugnables. Así, de acuerdo con el numeral 217.2 del artículo 217º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, “sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión”. Precisando la regla que, la contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo.

18. De este modo, la norma antes citada, distingue entre los actos definitivos y los actos de trámite, estableciendo como regla la impugnabilidad de los actos definitivos que ponen fin a la instancia y respecto de los actos de trámite, como excepción, la impugnabilidad de aquellos que: (i) determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento y/o (ii) produzcan indefensión.

19. Respecto de los actos administrativos definitivos, se entiende por tales, “aquellos que ponen fin a una instancia del procedimiento administrativo, sea la primera o una ulterior, decidiendo sobre el fondo de la cuestión planteada”[7]. Mientras que, los actos de trámite son aquellos que fungen de eslabones del procedimiento y anteceden a la resolución final y, por regla general, salvo las excepciones mencionadas, no son impugnables.

20. Ello es así, por cuanto los actos de trámite: (i) no expresan la voluntad definitiva de la administración pública, (ii) no producen efectos de resolución, dado que no se pronuncian sobre el fondo del asunto, y (iii) no inciden en forma efectiva y suficiente sobre la esfera jurídica de los particulares[8]. No obstante, aquellos actos de trámite que imposibiliten la continuación del procedimiento o produzcan indefensión al administrado, sí son pasibles de ser impugnados a través de los recursos administrativos previstos por la ley.

21. De lo que se colige que, el carácter impugnable de los actos está directamente relacionado con los efectos jurídicos perjudiciales que pudieran producir sobre los administrados.

§ Sobre los actos impugnables en los concursos públicos de méritos para el acceso al servicio civil y los concursos internos para la progresión en la carrera

22. Tal como se ha mencionado, los concursos públicos de méritos o procesos de selección de personal en la administración pública, constituyen procedimientos administrativos especiales que producen efectos jurídicos sobre los participantes, por lo que la decisión o el resultado de tales concursos son actos administrativos.

23. Asimismo, tales procedimientos contemplan diferentes etapas o fases, en las cuales se obtienen puntajes preliminares que pueden acumularse o no y/o considerarse a efectos que el postulante o participante pueda pasar a la siguiente etapa en el proceso hasta la etapa final, de acuerdo con las normas que regulen el concurso.

24. En ese sentido, de acuerdo con el numeral 217.2 del artículo 217º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por regla general, en el escenario de los concursos públicos de méritos, procesos de selección o concursos internos son impugnables como actos definitivos, aquellos actos que concluyen o ponen fin al proceso, independientemente del nombre que se les asigne como, por ejemplo: “Cuadro de Resultados Finales”, “Lista de ganadores”, “Cuadro de Méritos”, “Cuadro Final de Resultados”, entre otros.

25. En relación con tales actos definitivos, es necesario mencionar que, en algunos casos, con posterioridad a su emisión y publicación, las entidades podrían emitir resoluciones o documentos posteriores tendientes a formalizar tales resultados a través de resoluciones de nombramiento, resoluciones aprobando los resultados, actas de adjudicación, resoluciones de ascenso, resoluciones de asignación en el cargo, resoluciones aprobando el contrato, informes u otro tipo documentos a través de los cuales se formalizan los resultados del concurso o ratifican los mismos. No obstante, tales actos no constituyen actos impugnables a efectos de cuestionar el proceso o concurso, en la medida en que éstos solo formalizan los resultados ya publicados.

26. Al respecto, conviene recordar que de acuerdo con el artículo 224º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, los recursos administrativos se ejercitan por una sola vez en cada procedimiento administrativo. De modo que, habiéndose emitido los resultados finales de un concurso o proceso de selección, el postulante o participante tiene el derecho a interponer, dentro del plazo de ley, el recurso administrativo que convenga a su derecho en contra de los resultados finales y, en caso de no hacerlo, perderá su derecho a articularlos quedando firme el resultado, no pudiendo ejercer su derecho de contradicción en contra de los actos posteriores.

27. Asimismo, resulta necesario tener en cuenta que, siendo el acto impugnable, el resultado final del concurso, con la interposición del recurso de apelación en contra de dicho acto, el postulante o participante puede contradecir no solo el resultado final sino también la calificación que hubiese obtenido en alguna de las etapas o el resultado preliminar de alguna de las fases del proceso, empero tales actos preliminares deberán ser impugnados a través del recurso de apelación que se interponga en contra del acto que pone fin al proceso de selección.

28. De otro lado, debe considerarse que, en algunos concursos o procesos de selección se prevé durante el desarrollo de los mismos, una etapa de reclamos y una de absolución de reclamos, o de interposición de recursos de reconsideración; estableciendo además cuál será la autoridad competente dentro de la Entidad para su absolución. En tales casos, en tanto esté contemplada como etapa del concurso en las bases del mismo, los reclamos o recursos de reconsideración deben ser resueltos de manera previa a la finalización del proceso o concurso, dentro del cronograma establecido; por lo que, en caso los postulantes o participantes no se encuentren conformes con la respuesta o resultados, se aplica la regla general, respecto a que los recursos de apelación se interponen en contra del resultado final del concurso, oportunidad en la cual podrán hacer valer su derecho en contra de los argumentos que consideren no fueron atendidos en la etapa de absolución de reclamos.

29. En esa misma línea, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil ha mencionado, por ejemplo, respecto de los procesos de selección bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 que, “En el marco de un proceso de selección bajo el régimen CAS, el postulante se encontrará facultado para interponer cualquier mecanismo de impugnación a los actos que considere que vulneran su derecho, siempre que así se encuentre establecido en las bases del concurso público, lo cual deberá ser resuelto por la entidad. Asimismo, corresponderá al postulante interesado interponer su respectivo recurso de apelación contra el acto definitivo que pone fin al concurso público, a efectos de que el Tribunal del Servicio Civil o la misma entidad resuelvan lo pertinente en segunda instancia administrativa, de acuerdo a sus competencias”[9].

30. En relación con ello, se observa además que, en muchas ocasiones, algunas entidades emiten los resultados finales del concurso y posteriormente recién absuelven los reclamos, recursos o solicitudes planteadas por los postulantes o participantes, ocasionando que éstos interpongan sus recursos de apelación en contra de tales respuestas o pronunciamientos y no en contra de los resultados finales.

31. En atención a ello, este Cuerpo Colegiado considera conveniente aclarar que aún en tales casos, los recursos de apelación deben ser interpuestos en contra de los resultados finales del concurso, a pesar que las Entidades no hubiesen cumplido con responder el reclamo o solicitud del postulante o participante dentro del cronograma; en la medida en que los resultados finales (desfavorables al reclamante o solicitante), suponen una denegatoria tácita del reclamo o solicitud; estando habilitados además para ampliar posteriormente su recurso de apelación con los argumentos que consideren convenientes en caso que la Entidad emita, con posterioridad a la interposición de su recurso, una respuesta tardía respecto de su reclamo o solicitud.

32. En virtud a las consideraciones expuestas, en los concursos públicos de méritos o procesos de selección para el acceso al servicio civil o concursos internos para la progresión en la carrera o promoción (incluyendo la asignación temporal de cargos directivos), en tanto no determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento o produzcan indefensión, será improcedente aquel recurso de apelación que se interponga en contra de:

(i) El resultado preliminar o calificaciones obtenidas en alguna de las etapas del concurso, o cualquier acto emitido antes de la emisión y publicación de los resultados finales del concurso. Tales actos podrán impugnarse con el recurso administrativo que se interponga en contra del resultado final del concurso en tanto que, -tal como se ha indicado- el resultado final es el acto impugnable en su condición de acto definitivo que pone fin al procedimiento.

(ii) Las resoluciones de nombramiento, resoluciones de aprobación de contratos, actas de adjudicación, resoluciones de ascenso, informes, oficios o cualquier otro tipo de documento que emitan las Entidades con posterioridad a la emisión y publicación de los resultados finales del proceso o concurso; en la medida en que, tales documentos solo formalicen el acto final del concurso y/o tiendan a ratificar su contenido.

(iii) Las resoluciones, oficios o documentos de absolución de reclamos emitidas por las Entidades en los procesos de selección o concursos en que se hubiese considerado tal etapa; en razón a que, de no estar de acuerdo, el postulante o participante debe esperar a interponer su recurso de apelación en contra de los resultados finales y a través de éste contradecir aquellos pronunciamientos que considera atenten contra sus derechos o intereses.

(iv) Las resoluciones, oficios o documentos de absolución de reclamos o solicitudes, emitidas con posterioridad al término del proceso de selección o concurso, en tanto que, el acto impugnable es el resultado final del concurso, salvo que dicha resolución o documento modifique los resultados finales.

(v) Las resoluciones o actos de las Entidades a través de las cuales se absuelvan recursos de reconsideración cuando éstos no fueron articulados en contra de los resultados finales del concurso o proceso de selección.

33. Finalmente, resulta necesario tener en cuenta que, debido a la diversa regulación de los procesos de selección de personal en nuestro ordenamiento jurídico, así como a la diferente casuística, podrían presentarse supuestos que constituyan una excepción a la regla general de impugnación de los resultados finales de los concursos, en tanto que se determine la imposibilidad de continuar el procedimiento y/o pudiesen producir grave indefensión, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; lo que será evaluado por este Tribunal en su oportunidad, atendiendo además a lo que las leyes especiales pudiesen establecer respecto de un régimen laboral en particular.

III. DECISIÓN

1. La Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, por unanimidad, considera que las directrices contenidas en los numerales 24, 25 y 32 del presente Acuerdo Plenario ameritan ser declaradas como precedente de observancia obligatoria para determinar el acto impugnable en los recursos de apelación que se interpongan en el marco de los procesos de selección o concurso públicos de méritos para el acceso al servicio civil o concursos internos para la progresión en la carrera en los regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057, y la Ley Nº 30057, así como en los regímenes de las carreras especiales en cuanto no se oponga a lo que pudiese disponer la ley especial.

2. En atención a lo expuesto, la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil respecto a la emisión de precedentes administrativos de observancia obligatoria;

ACORDÓ:

2.1 ESTABLECER como precedentes administrativos de observancia obligatoria los criterios expuestos en los fundamentos 24, 25 y 32 de la presente resolución.

2.2 PRECISAR que los precedentes administrativos de observancia obligatoria antes mencionados deben ser cumplidos por los órganos competentes del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

2.3 PUBLICAR el presente acuerdo de Sala Plena en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Institucional (www.servir.gob.pe), de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil.

CARLOS GUILLERMO MORALES MORANTE

Presidente del Tribunal del Servicio Civil

LUIGINO PILOTTO CARREÑO
Vocal Titular

RICARDO JAVIER HERRERA VASQUEZ
Vocal Titular

GUILLERMO JULIO MIRANDA HURTADO
Vocal Titular

ROLANDO SALVATIERRA COMBINA
Vocal Titular

SANDRO ALBERTO NÚÑEZ PAZ
Vocal Alterno

OSCAR ENRIQUE GÓMEZ CASTRO
Vocal Alterno

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[1] Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM modificado por el Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM.
“Artículo 4.- Conformación
El Tribunal está conformado por el Presidente del Tribunal, por los vocales de todas las Salas, la Secretaría Técnica y las Salas que apruebe el Consejo. Las funciones de las Salas y la Secretaría Técnica se encuentran desarrolladas en el Reglamento de Organización de Funciones de SERVIR. El Presidente del Tribunal y los vocales de todas las salas son designados y removidos por el Consejo de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del
Decreto Legislativo Nº 1023. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria. Dichos pronunciamientos deberán ser adoptados por no menos del cincuenta por ciento más uno del total de los vocales del Tribunal”.
[2] Informe Técnico Nº 030-2019-SERVIR/GPGSC, de fecha 8 de enero de 2019, emitido por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil.
[3] De acuerdo con la Directiva Nº 002-2014-SERVIR/GDSRH – “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas”.
[4] De acuerdo con la Directiva Nº 001-2019-SERVIR/GDSRH – “Normas para la Gestión de los Procesos de Selección en el Régimen de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”.
[5] DANOS ORDOÑEZ, Jorge. La impugnación de los Actos de Trámite en el Procedimiento Administrativo y la Queja. En: Revista Derecho & Sociedad Nº 28, 2007, p. 267-268.
[6] CAJARVILLE PELUFFO. Juan Pablo. Recursos administrativos: conceptos, elementos y presupuestos. Un estudio comparativo de los regímenes peruano y uruguayo. En: Revista Derecho PUCP Nº 67, 2011, p. 409.
[7] DANOS ORDOÑEZ, Op. Cit. p.268.
[8] DANOS ORDOÑEZ, OP.Cit. ,p.268.
[9] Informe Técnico Nº 760-2019-SERVIR-GPGSC

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Precedente administrativo sobre la adecuada imputación de las infracciones a la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública; en el marco del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil

Como precedente de observancia obligatoria, Los Vocales integrantes de la Primera y Segunda Salas del Tribunal del Servicio Civil, reunidos en Sala Plena, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 4º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010 -PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM1, precedente que fue publicado en el diario oficial El Peruano el 04 de julio del 2020, cuyo contenido es el emiten el siguiente:

RESOLUCIÓN DE SALA PLENA

Nº 006-2020-SERVIR/TSC

Asunto:ADECUADA IMPUTACIÓN DE LAS INFRACCIONES A LA LEY Nº 27815 -LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; EN EL MARCO DEL  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA LEY Nº 30057 – LEY DEL SERVICIO CIVIL

Lima, 26 de junio de 2020

Los Vocales integrantes de la Primera y Segunda Salas del Tribunal del Servicio Civil, reunidos en Sala Plena, de conformidad con lo dispuesto en el  último párrafo del artículo 4º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010 -PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del  Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM1, emiten el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1. Desde el 14 de septiembre de 2014, el régimen disciplinario de los servidores civiles comprendidos en los regímenes de trabajo de los Decretos  Legislativos Nos 276, 728 y 1057 está regulado por la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, en adelante la Ley Nº 30057, y su reglamento,  aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM y modificatorias.

2. El Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, como última  instancia administrativa, viene conociendo un gran número de expedientes administrativos originados en recursos de apelación cuyas controversias se suscitan en torno a la imposición de sanciones por la comisión de infracciones administrativas previstas en la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, en adelante la Ley Nº 27815, en el marco del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley Nº 30057.

3. Al respecto, se ha advertido que las entidades a través de sus autoridades administrativas al momento de tipificar una falta, subsumen conductas como infracciones administrativas a la Ley Nº 27815, cuando en algunos casos  éstas se encuentran previstas como faltas disciplinarias en el artículo 85º dela Ley Nº 30057 y su Reglamento General, aprobado por el Decreto SupremoNº 040-2014-PCM. Asimismo, en otros casos, se subsumen simultáneamente, en un mismo  procedimiento disciplinario y para una misma conducta infractora, faltas  previstas tanto en la Ley Nº 27815 como en la Ley Nº 30057; vulnerando el  carácter residual de las primeras respecto a las faltas previstas en la Ley Nº 30057.

4. En tal sentido, es necesario establecer directrices que permitan  determinar cuándo corresponde imputar las infracciones administrativas  previstas en el Ley Nº 27815 en el marco del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley Nº 30057 y cómo se debe realizar una imputación  acorde a los principios de legalidad y tipicidad previstos en el Texto Único  Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo  General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS,  en adelante el TUO de la Ley Nº 27444.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ Sobre la potestad sancionadora del Estado

5. En el contexto jurídico y a nivel nacional, se aprecia a diario la facultad  de todas las entidades del Estado (del gobierno nacional, regional y local)  para establecer e imponer sanciones respecto a las actuaciones  administrativas en el marco de una relación Estado  -administrado, conocida como la potestad sancionadora del Estado  (ius puniendi).

6. Es así que, dicha potestad es ejercida por la Administración Pública y  consiste en el poder jurídico otorgado por la Constitución a través de la Ley sobre sus funcionarios y servidores para imponer sanciones por las faltas  disciplinarias que cometen, por conductas que afectan el adecuado  funcionamiento de las entidades del Estado, con la finalidad de reprimirlas, disuadir de su comisión y evitar su impunidad.

7. Si bien la facultad de la Administración Pública para aplicar una sanción administrativa no se encuentra expresamente reconocida en la norma constitucional, el Tribunal Constitucional ha afirmado que ésta “constituye una manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración y, como toda potestad en el contexto de un Estado de Derecho, se encuentra condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, de los principios constitucionales y, en particular, a la observancia de los derechos  fundamentales2”.

8. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con  competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. En ese sentido, el TUO de la Ley Nº 27444, no solo es una norma legal que regula el procedimiento administrativo en general, sino que su observancia y aplicación por las entidades y sus  órganos constituyen un límite para la potestad sancionadora del Estado,  estableciendo en el Artículo IV de su Título Preliminar, los principios  administrativos que son aplicables a los procedimientos administrativos en general; y, en su artículo 248º, los principios que rigen el ejercicio de la  potestad sancionadora de las entidades públicas.

§ Sobre el principio de legalidad

9. Respecto al principio de legalidad en el ámbito sancionador, el Tribunal  Constitucional ha señalado que éste impide que se pueda atribuir la  comisión de una falta si ésta no está previamente determinada en la ley, y  también prohíbe que se pueda aplicar una sanción si ésta no está  determinada por la ley. Asegura también que este principio impone tres  exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea anterior al  hecho sancionado (lex praevia), y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa)3.

10. En esa medida, el principio de legalidad no solo exige que la falta esté  establecida en una norma legal, sino que la misma describa claramente  cuál es la conducta que se considera como tal (Lex certa), lo que se conoce  como el mandato de determinación.

11. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que: «El principio de determinación del supuesto de hecho previsto en la Ley es  una prescripción dirigida al legislador para que éste dote de significado  unívoco y preciso al tipo penal, de tal forma que la actividad de subsunción  del hecho en la norma sea verificable con relativa certidumbre. Esta exigenciade “lex certa” no puede entenderse, sin embargo, en el sentido de exigir del  legislador una claridad y precisión absoluta en la formulación de los  conceptos legales. Ello no es posible, pues la naturaleza propia del lenguaje,  con sus características de ambigüedad y vaguedad, admiten cierto grado de  indeterminación, mayor o menor, según sea el caso»4.

12. En ese sentido, se afirma que el principio de legalidad consiste en “la  exigencia de que tanto los comportamientos prohibidos, o preceptuados,  como las sanciones a imponer, sean descritos clara o inequívocamente, de  forma que no se genere inseguridad jurídica”5 y, por ende, que sea posible  prever las consecuencias sancionadoras derivadas de una determinada conducta.

§ Sobre el principio de tipicidad

13. Sobre el principio de tipicidad establecido en el numeral 4 del artículo  248º del TUO de la Ley Nº 27444, es posible afirmar que es un límite  concreto a la potestad sancionadora administrativa y que su alcance se  extiende a todos los procedimientos sancionadores, en los que están  incluidos los procedimientos especiales y disciplinarios.

14. Así, para Gonzáles (2009, p. 366) este principio exige la presencia de tres aspectos, a efectos de determinar la existencia de una conducta sancionable administrativamente:

a. La reserva de ley para la descripción de aquellas conductas pasibles de  sanción;

b. La exigencia de certeza o exhaustividad suficiente en la descripción de  las conductas sancionables; y,

c. La interdicción de la analogía y la interpretación extensiva en la aplicación de los supuestos descritos como ilícitos6.

15. El principio de tipicidad – que constituye una manifestación  del principio de legalidad- exige que las conductas consideradas como faltas estén definidas con un nivel de precisión suficiente, de manera que el  destinatario de las mismas pueda comprender sin dificultad o estar en  condiciones de conocer y predecir las consecuencias de sus actos; ello a  partir de la previsión clara de la conducta proscrita y de la sanción  aplicable7.

16. Aunque el artículo en mención establece que solo constituyen conductas sancionables las infracciones previstas en normas con rango de ley, admite que la tipificación pueda hacerse también por medio de reglamentos, pero  claro, siempre que la ley habilite tal posibilidad. Al respecto, el Tribunal  Constitucional ha aclarado que la precisión de lo considerado como  antijurídicodesde un punto de vista administrativo no está sujeta a una  reserva de ley absoluta, sino que puede ser complementada a través de los  reglamentos8.

17. Al respecto, Morón Urbina afirma que “la determinación de si una normasancionadora describe con suficiente grado de certeza la conducta  sancionable, es un asunto que debe ser resuelto de manera casuística, pero es importante tener en cuenta que la tipificación es suficiente cuando consta en  la norma una predeterminación inteligible de la infracción, de la sanción y de la correlación entre una y otra”. Pero además, dicho autor resalta que “el  mandato de tipificación, que este principio conlleva, no solo se impone al  legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad cuando realiza la  subsunción de una conducta en los tipos legales existentes” 9.

18. De esta manera, podemos concluir que el principio de tipicidad exige,  cuando menos:

(i) Que, por regla general las faltas estén previstas en normas con rango de  ley, salvo que se habilite la tipificación vía reglamentaria.

(ii) Que, las normas que prevean faltas, si bien no tengan una precisión  absoluta, describan con suficiente grado de certeza la conducta sancionable

(iii) Que, las autoridades del procedimiento realicen una correcta operación de subsunción, expresando así los fundamentos por los que  razonablemente el hecho imputado se adecua al supuesto previsto como  falta; que configure cada uno de los elementos que contiene la falta. Como  es lógico, la descripción legal deberá concordar con el hecho que se  atribuye al servidor.

§ Sobre las sanciones por la comisión de infracciones a la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y la aplicación del  régimen disciplinario de la Ley Nº 30057

19. La Ley Nº 27815 estableció que todo servidor público  independientemente del régimen laboral o de contratación al que esté  sujeto, así como del régimen jurídico de la entidad a la que pertenezca,  debe actuar con sujeción a los principios, deberes y prohibiciones éticas  establecidos en dicha Ley, siendo pasible de sanción en caso de infringir  tales disposiciones.

20. Así pues, de conformidad con el artículo 10º de la Ley Nº 27815 se  considera infracción a toda transgresión de los principios y deberes así  como de las prohibiciones señaladas en los Capítulos II y III de la citada Ley, generándose responsabilidad pasible de sanción.

21. No obstante tal enunciado, la Ley Nº 27815 no reguló los tipos de  sanciones aplicables ante la comisión de dichas infracciones éticas por  parte de los servidores públicos, disponiendo expresamente que el  Reglamento de dicha ley establecería las correspondientes sanciones10, así como el procedimiento a seguir.

22. En virtud de ello, el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la  Función Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, tipificó en el artículo 9º las sanciones aplicables11 y señaló en el  artículo 16º el procedimiento sancionador a seguirse12.

23. De ahí que, fue la propia Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la  Función Pública la que delegó a su norma reglamentaria la reserva de la  tipificación de las sanciones aplicables por la comisión de infracciones  éticas.

24. Ahora bien, el 4 de julio de 2013 se publicó la Ley Nº 30057, Ley del  Servicio Civil, la cual regula en su Título V el Régimen Disciplinario y  Procedimiento Sancionador aplicable a los servidores bajo el nuevo  régimen del servicio civil así como a los servidores de los regímenes  regulados por los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057, el mismo que,  de acuerdo con lo previsto en la Novena Disposición Complementaria Final, regiría a partir de la entrada en vigencia de sus normas reglamentarias.

25. En virtud de ello, el 13 de junio del año 2014, mediante Decreto Supremo Nº 040-2014- PCM, fue aprobado el Reglamento  General de la Ley  del Servicio Civil vigente desde el 14 de junio de dicho año, disponiendo en su Undécima Disposición Complementaria Transitoria que, el título  correspondiente al “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador”  entraría en vigencia a los tres (3) meses de publicado el Reglamento, con el  fin que las entidades adecúen sus procedimientos disciplinarios al nuevo  régimen, esto es, a partir del 14 de septiembre de 2014.

26. Adicionalmente, la mencionada Undécima Disposición Complementaria Transitoria estableció que aquellos procedimientos disciplinarios que  fueron instaurados antes del 14 de septiembre de 2014 se regirían por las  normas por las cuales se les imputó responsabilidad administrativa hasta  su terminación en segunda instancia, siendo tal disposición desarrollada enel numeral 6 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen  Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del  Servicio Civil”13.

27. Asimismo, el 14 de junio de 2014, quedaron derogados, de acuerdo con  el literal g) de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del  Reglamento General de la Ley Nº 30057, el artículo 4º y los Títulos I, II, III y  IV (sanciones y procedimiento) del Reglamento de la Ley Nº 27815 – Ley del  Código de Ética de la Función Pública.

28. Ante la derogación de las mencionadas normas reglamentarias,  mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 174-2016-SERVIR-PE,  publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de octubre de 2016, se  formalizó la opinión vinculante adoptada por el Consejo Directivo de  SERVIR en la Sesión Nº 29-2016, contenida en el Informe Técnico Nº 1990-2016-SERVIR/GPGSC, señalando que:

“(…)

4.2 A partir de la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, las sanciones y el procedimiento del régimen  disciplinario de la Ley Nº 30057 son aplicables a las faltas e infracciones  contempladas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo  General; Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y otras leyes, según el artículo 85 inciso q) de la Ley del Servicio Civil y el inciso j)  del artículo 98.2 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil,  aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM”.

29. Al respecto, ha de señalarse que de acuerdo con el artículo V del Título  Preliminar del TUO de la Ley Nº 27444, el ordenamiento jurídico  administrativo integra un sistema orgánico que tiene autonomía respecto  de otras ramas del derecho, estableciendo en el numeral 2.9 como fuente  del procedimiento administrativo a: “Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas  expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas  administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas”.

30. Por ello, a partir del 14 de septiembre de 2014, fecha de entrada en  vigencia del régimen disciplinario de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio  Civil, la vulneración de los principios, deberes y prohibiciones  contenidos en la de Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, acarrea infracción administrativa pasible de sanción, para lo  cual se aplicará tanto las sanciones como el procedimiento  administrativo disciplinario de la Ley del Servicio Civil y su  Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM.

§ Sobre la adecuada imputación de las faltas de la Ley del Código de  Ética de la Función Pública en el procedimiento administrativo  disciplinario de la Ley del Servicio Civil

31. Ahora bien, habiendo precisado el marco normativo aplicable para las  infracciones administrativas contenidas en la Ley Nº 27815, corresponde determinar cuándo se debe recurrir a estas infracciones para configurar una  falta administrativa de la Ley del Servicio Civil; además de precisar cómo sedebe tipificar este tipo de conductas en observancia a los principios de  legalidad y tipicidad.

32. Al respecto, la Ley Nº 27815 establece que el Código de Ética de la  Función Pública es supletorio a las leyes, reglamentos y otras formas de  procedimientos existentes en cuanto no lo contradigan o se opongan, en  cuyo caso prevalecerá las disposiciones especiales14. De ello se advierte,  que la mencionada ley es de aplicación en los supuestos no previstos por lasnormas especiales; así por ejemplo, ante una conducta que no se encuentra tipificada como falta en la Ley Nº 30057 y su Reglamento General, pero que afecta el adecuado funcionamiento de la entidad, corresponde subsumirla  a través de las infracciones previstas en la Ley Nº 27815.

33. Asimismo, en la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la  Ley Nº 30057, se señaló textualmente lo siguiente:

“Décima. Aplicación del régimen sancionador y proceso administrativo disciplinario

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, los procesos  administrativos disciplinarios en las entidades públicas se tramitan de  conformidad con lo estipulado en la presente Ley y sus normas  reglamentarias. El Código de Ética de la Función Pública, Ley 27815, se  aplica en los supuestos no previstos en la presente norma.

Queda prohibida la aplicación simultánea del régimen disciplinario  establecido en la presente Ley y la Ley del Código de Ética de la Función  Pública o su Reglamento, para una misma conducta infractora, en el mismo procedimiento administrativo disciplinario. (…)”.

34. De la norma citada, se puede apreciar que a partir de la vigencia del régimen disciplinario regulado por la Ley Nº 30057, es decir, del 14 de  septiembre de 2014 se debe observar lo siguiente:

(i) La Ley Nº 27815 se aplica en los supuestos no regulados por la Ley Nº 30057. Si bien a través del procedimiento administrativo disciplinario de Ley del Servicio Civil se reconoce como faltas a las infracciones  administrativas de la Ley Nº 27815, esta aplicación es de carácter  residual, es decir, en tanto la Ley Nº 30057 no contenga expresamente  el supuesto de la falta que se pretenda imputar.

(ii) El legislador ha prohibido la imputación simultánea en un mismo  procedimiento administrativo de las normas que regulan el régimen  disciplinario de la Ley Nº 30057 y las previstas en la Ley Nº 27815 para  una misma conducta infractora.

35. Por ello, frente a la comisión de una conducta infractora es necesario  identificar si ésta se subsume en algunos de los supuestos de falta  establecidos en la Ley Nº 30057, y de no ser posible dicha subsunción, se  podrá recurrir a las faltas de la Ley Nº 27815, por la infracción a un  principio deber o prohibición establecido en dicha norma.

36. A su vez, en el marco de un mismo procedimiento administrativo  disciplinario, no corresponderá subsumir de manera simultánea una  misma conducta infractora en una falta contenida en la Ley Nº 27815 y en  otra prevista en la Ley Nº 30057 o su Reglamento.

37. Al respecto, si bien en el Reglamento General de la Ley Nº 30057 se ha  señalado que también constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria las previstas en la Ley Nº 27815, las cuales se  procesan conforme a las reglas procedimentales señaladas en el régimen  disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la Ley Nº 30057 y su Reglamento General, la misma debe interpretarse en concordancia con  lo establecido en la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la  Ley Nº 30057, antes citada.

38. Así, por ejemplo, de haberse imputado en un mismo procedimiento  administrativo disciplinario, para una misma conducta, la infracción al  deber de responsabilidad establecido en el numeral 6 del artículo 7º de la  Ley Nº 27815 y la comisión de la falta referida a la negligencia en el  desempeño de las funciones tipificada en el literal d) del artículo 85º de la  Ley Nº 30057, se habrá incurrido en la prohibición establecida en la DécimaDisposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30057 y por  consiguiente en la vulneración al principio de legalidad15.

39. Ahora bien, habiendo determinado cuándo corresponde imputar las  infracciones administrativas contenidas en la Ley Nº 27815, corresponde  establecer pautas para una adecuada imputación, garantizando la correcta aplicación de los principios de la potestad sancionadora en el marco del  procedimiento disciplinario establecido en la Ley Nº 30057.

40. Al respecto, el numeral 1 del artículo 248º del TUO de la Ley Nº 27444,  sobre el principio de legalidad, señala que “sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente  previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son  posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a  disponer la privación de libertad”.

41. De la lectura del artículo citado es posible advertir que, a fin de ejercer  la potestad sancionadora administrativa, el principio de legalidad ha  establecido la reserva legal no solo de la potestad sancionadora como  atribución de las entidades públicas, sino además la reserva legal para  prever las sanciones que se impondrán como consecuencia de incurrir en  una infracción o falta administrativa.

42. En ese sentido, el principio de legalidad consiste en “la exigencia de que  tanto los comportamientos prohibidos, o preceptuados, como las sanciones a imponer, sean descritos clara o inequívocamente, de forma que no se genere  inseguridad jurídica”16 y, por ende, que sea posible prever las  consecuencias sancionadoras derivadas de una determinada conducta. En  otras palabras, solo podrá sancionarse aquellas conductas que hayan sido  previamente tipificadas como ilícitas, mediante normas que describan claray específicamente el supuesto de hecho infractor y la sanción aplicable.

43. Por su parte, el principio de tipicidad exige que las conductas  consideradas como faltas estén definidas con un nivel de precisión  suficiente, de tal manera que se pueda conocer previamente los supuestos  de hecho y sus consecuencias; para lo cual se requiere que tanto la  conducta considerada como falta como la posible sanción a imponer se  establezcan de manera previa y precisa.

44. Ahora bien, la Ley Nº 27815, en el numeral 10.1 del artículo 10º, señala  que: “La transgresión de los principios y deberes establecidos en el Capítulo II y de las prohibiciones señaladas en el Capítulo III, de la presente Ley, se considera infracción al presente Código, generándose responsabilidad pasible de  sanción”. Por lo que la Ley Nº 27815 ha previsto que constituye infracción  administrativa la transgresión de los principios, deberes y prohibiciones  contenidos en su propia norma.

45. Asimismo, el numeral 100º del Reglamento de la Ley del Servicio Civil,  precisa que: “También constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa (…) las previstas en la Ley Nº 27815, las cuales se procesan conforme a las  reglas procedimentales del presente título”. Esta norma, habilita el  conocimiento de las faltas previstas en la Ley Nº 27815 a través del  procedimiento administrativo disciplinario de la Ley Nº 30057.

46. Sin embargo, las normas antes citadas no han precisado cuál es el tipo  de sanción aplicable de haberse determinado la responsabilidad  disciplinaria por la comisión de una infracción administrativa o falta  prevista en la Ley Nº 27815, la cual puede ser de amonestación, suspensión o destitución17. Ello resulta necesario, por cuanto los principios de  legalidad y tipicidad exigen que la posible sanción a imponerse se  encuentre descrita de manera clara en una norma con rango de ley; además por cuanto es a través de la determinación de la posible sanción a  imponerse que se fijan las autoridades del procedimiento administrativo  disciplinario.

47. En este escenario, para realizar una imputación acorde a los principios de legalidad y tipicidad que rigen el procedimiento sancionador, resulta  indispensable determinar cuál es el tipo de sanción aplicable a las  infracciones previstas en la Ley Nº 27815, para lo cual nos remitiremos al  artículo 85º de la Ley Nº 30057.

48. Al respecto, el artículo 85º de la Ley Nº 30057 establece un catálogo  de faltas disciplinarias pasibles de ser sancionadas, según su gravedad, con suspensión o destitución, entre las cuales se encuentra el literal q) que establece como falta: “Las demás que señale la ley”. Esta norma no prevé propiamente una  conducta típica sino constituye una cláusula de remisión a través de la cual se puede subsumir como falta pasible de suspensión o destitución en el régimen del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley Nº 30057, aquella conducta prevista como tal en otros cuerpos  normativos con rango de ley18. Así, por ejemplo, a través del  mencionado literal se podrá remitir a las faltas previstas en la Ley Nº  27815, el TUO de la Ley Nº 27444, entre otras normas con rango de Ley que califique como falta una determinada conducta.

49. Por ello, a efectos de realizar una adecuada imputación de las  infracciones administrativas previstas en la Ley del Código de Ética de  la Función Pública, ante la transgresión de los principios, deberes o  prohibiciones de esta ley, corresponderá imputar a título de falta el  literal q) del artículo 85º de la Ley del Servicio Civil, a través del cual se podrán subsumir aquellas conductas como faltas pasibles de sanción  de suspensión o destitución. Asimismo, deberá concordarse con el  numeral 100º del Reglamento General de la Ley Nº 30057, mediante el  cual se establece que las reglas del procedimiento a seguir son las  previstas en el régimen disciplinario de la Ley Nº 30057 y su  Reglamento.

50. Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades competentes para imponer  las sanciones de suspensión y destitución podrían imponer una sanción  menos gravosa que la propuesta al inicio de procedimiento, a través de una decisión debidamente motivada que observe los criterios de gradualidad en la determinación de las sanciones19.

51. Lo expuesto, se encuentra acorde con la opinión vinculante adoptada  por el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil a través del Informe Técnico Nº 1990-2016-SERVIR/GPGSC20,  en el cual  se concluyó, entre otros, lo siguiente:

“(…)

4.2 A partir de la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, las sanciones y el procedimiento del régimen  disciplinario de la Ley Nº 30057 son aplicables a las faltas e infracciones  contempladas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo  General; Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y otrasleyes, según el artículo 85 inciso q) de la Ley del Servicio Civil y el inciso j)  del artículo 98.2 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil,  aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM”.

52. En la misma línea, mediante Informe Técnico Nº 111-2019-  SERVIR /GPGSC, del 22 de enero de 201921, la Gerencia de Políticas de Gestión del  Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR,  concluyó que:

“(…)

3.6 Teniendo en cuenta que el artículo 100º del Reglamento de la LSC por sí mismo no ha determinado el tipo de sanción que correspondería aplicar a  las infracciones a la LCEFP y el TUO de la LPAG (lo cual es necesario no solo para la determinación de las autoridades del PAD sino para un adecuado  ejercicio del derecho de defensa del servidor), resulta necesario que dicha  infracción a la LCEFP o al TUO de la LPAG sea tipificada en la falta descrita en el literal q) del artículo 85º de la LSC: “Las demás que señala la Ley.”; caso contrario podría incurrirse en un vicio que acarree la nulidad del PAD por infracción al debido procedimiento”.

53. Finalmente, este Tribunal considera que toda imputación de una  conducta que se encuentre prevista como falta en una norma con rango de ley y que no se encuentre establecida como tal en la Ley Nº 30057,  Ley del Servicio Civil, deberá tipificarse a través del literal q) del  artículo 85º de la misma, aplicando las reglas procedimentales  previstas para el régimen disciplinario de la Ley Nº 30057 y su  Reglamento General.

III. DECISIÓN

1. La Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, por unanimidad, considera  que las directrices contenidas en los numerales 30, 34, 48, 49 y 53, del  presente Acuerdo Plenario ameritan ser declaradas como precedente de  observancia obligatoria para establecer una adecuada imputación de las  infracciones a la Ley Nº 27815 -Ley del Código de Ética  de la Función  Pública; en el marco del procedimiento administrativo disciplinario  de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil.

2. En atención a lo expuesto, la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil respecto a la emisión de precedentes administrativos de  observancia obligatoria;

ACORDÓ:

2.1 ESTABLECER como precedentes administrativos de observancia  obligatoria los criterios expuestos en los fundamentos 30, 34, 48, 49 y 53 de  la presente resolución.

2.2 PRECISAR que los precedentes administrativos de observancia  obligatoria antes mencionados deben ser cumplidos por los órganos  competentes del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos apartir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

2.3 PUBLICAR el presente acuerdo de Sala Plena en el Diario Oficial  “El Peruano” y en el Portal Institucional (www.servir.gob.pe), de  conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Reglamento del  Tribunal del Servicio Civil.

CARLOS GUILLERMO MORALES MORANTE

Presidente del Tribunal del Servicio Civil

LUIGINO PILOTTO CARREÑO

Vocal Titular

RICARDO JAVIER HERRERA VASQUEZ

Vocal Titular

GUILLERMO JULIO MIRANDA HURTADO

Vocal Titular

ROLANDO SALVATIERRA COMBINA

Vocal Titular

SANDRO ALBERTO NÚÑEZ PAZ

Vocal Alterno

OSCAR ENRIQUE GÓMEZ CASTRO

Vocal Alterno

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Los Vocales integrantes de la Primera y Segunda Salas del Tribunal del Servicio Civil, reunidos en Sala Plena, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 4º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, precedente que fue publicado en ele diario oficial El Peruano el 04 de julio del 2020, cuyo contenido es el siguiente:

Precedente administrativo sobre la falta disciplinaria imputable y el carácter permanente de la conducta referida al ejercicio de la función pública valiéndose de documentación o información falsa o inexacta

RESOLUCIÓN DE SALA PLENA Nº 007-2020-SERVIR/TSC

Asunto: LA FALTA DISCIPLINARIA IMPUTABLE Y EL CARÁCTER PERMANENTE DE LA CONDUCTA REFERIDA AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA VALIÉNDOSE DE DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN FALSA O INEXACTA

Lima, 26 de junio de 2020

Los Vocales integrantes de la Primera y Segunda Salas del Tribunal del Servicio Civil, reunidos en Sala Plena, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 4º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM y por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM1, emiten el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1. Teniendo en cuenta que el rol fundamental del Estado es satisfacer las necesidades de la ciudadanía a través de la adecuada prestación de servicios públicos, garantizando el bien común; quienes integran la administración pública como funcionarios o servidores públicos (independientemente de su régimen de contratación) adquieren una vinculación especial con el Estado, que permite que se ejerza sobre ellos el ius puniendi, con cierto grado de diferencia en relación con otros administrados, debido a que las exigencias que recaen sobre ellos son mayores por estar al servicio del interés general. De ahí que, a los funcionarios y servidores públicos se les imponga mayores obligaciones y deberes sobre cómo conducirse ética y profesionalmente.

2. En ese sentido, la administración pública cuenta con la potestad disciplinaria sobre el personal al servicio del Estado, la cual le sirve para tutelar los fines de su organización y el eficiente desempeño de las funciones encomendadas, sancionando cualquier infracción que pudiera afectar el servicio o la función pública y, por ende, los fines del Estado.

3. Desde el inicio y durante el vínculo laboral el servidor público tiene obligaciones, deberes, principios y valores que deben regir su actuación, de modo que valerse de documentación o información falsa o inexacta para ejercer un cargo público es una conducta que resulta pasible de ser sancionada por la potestad administrativa disciplinaria del empleador.

4. En relación con ello, el Tribunal del Servicio Civil como órgano colegiado encargado de resolver las controversias individuales que se suscitan entre las Entidades y las personas a su servicio al interior del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las materias de su competencia, entre estas, la de régimen disciplinario, advierte que ese tipo de conductas viene siendo sancionado por las entidades, en mayor proporción, a través de la imputación de la infracción de los principios de la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, pero también a través de otras faltas disciplinarias de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, en las que subsumen el hecho imputado.

5. Asimismo, se observa que en muchos de los casos en que se presenta documentación o información falsa o inexacta para acceder al servicio civil y ejercer función pública, las entidades recién toman conocimiento de la falsedad o inexactitud de la información después de un prolongado periodo de tiempo en que el servidor se encuentra prestando servicios a la Entidad; en virtud de lo cual, los servidores suelen solicitar o alegar la prescripción de la potestad administrativa disciplinaria a fin de evitar ser procesados y sancionados.

6. Atendiendo a dicha casuística, resulta necesario emitir directrices que contribuyan a generar seguridad jurídica y predictibilidad en torno a la falta disciplinaria imputable y los plazos que tienen las entidades para sancionar a los servidores que se valen de documentación o información falsa o inexacta para ejercer funciones en un puesto y/o cargo público.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ Sobre la correcta imputación de la falta para sancionar la conducta referida al ejercicio de la función pública valiéndose de documentación o información falsa o inexacta

7. De acuerdo con el artículo 39º de la Constitución Política del Perú, todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. De modo que, el servir al interés general y al bien común constituye el fin del ejercicio de la función pública, a través de la prestación de servicios con eficiencia y calidad.

8. Por ende, se exige que todo aquél que ingrese a prestar servicios a la administración pública se desempeñe de acuerdo con determinados principios, deberes y valores éticos, que garanticen el profesionalismo y permitan un servicio público eficiente. En ese sentido, se señala que “la ética pública debe ayudar en el proceso de comportamiento del funcionario o gestor público a través del autocontrol y del uso correcto de la razón a partir de la idea de servicio a la colectividad. Así pues, el objetivo de la ética en la Administración Pública es fomentar la sensibilidad de los funcionarios hacia esos valores del servicio público”2.

9. En nuestro ordenamiento jurídico nacional, la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública estableció una serie de principios, deberes y prohibiciones éticos que rigen para todos los servidores de las entidades de la administración pública y cuya infracción genera responsabilidad pasible de sanción, de conformidad con el artículo 10º de la misma norma.

10. Ahora bien, el régimen disciplinario de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, vigente desde el 14 de setiembre de 2014, resulta aplicable a los servidores bajo el régimen de la Ley del Servicio Civil y a los que se encuentran en los regímenes laborales regulados por los Decretos Legislativos Nº 276, 728 y 1057, de conformidad con el literal c) de la Segunda Disposición Complementaria Final del citado Reglamento General.

11. Entre las faltas previstas en el régimen disciplinario de la Ley Nº 30057, el literal q) del artículo 85º3 alude a “las demás faltas que señale la ley”; por lo que, en concordancia con el artículo 100º de su Reglamento General4, la infracción a los principios, deberes y prohibiciones éticas de la Ley Nº 27815, constituye falta para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria, debiendo sancionarse por remisión del literal q) del artículo 85º y según el procedimiento y sanciones del régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil.

12. Ello, de conformidad con la opinión vinculante adoptada por el Consejo Directivo de SERVIR en la Sesión Nº 29-2016, formalizada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 174-2016-SERVIR-PE, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de octubre de 2016, la cual dispuso que “(…) 2. A partir de la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, las sanciones y el procedimiento del régimen disciplinario de la Ley Nº 30057 son aplicables a las faltas e infracciones contempladas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y otras leyes, según el artículo 85 inciso q) de la Ley del Servicio Civil y el inciso j) del artículo 98.2 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM”. (El resaltado es nuestro).

13. Asimismo, resulta relevante mencionar que, en virtud de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 278155 y de la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 300576, la primera de las mencionadas leyes se aplica en los supuestos no previstos en esta última norma.

14. Ahora bien, en cuanto a la conducta relacionada con el uso de documentación o información falsa o inexacta en el marco de un proceso de selección o concurso público de méritos, ha de tenerse en cuenta, en principio que, los postulantes que presentan documentación falsa o inexacta y no acceden al servicio civil, no son pasibles de ser sancionados a través de la responsabilidad administrativa disciplinaria7; toda vez que, dicha potestad se circunscribe sobre el personal al servicio del Estado, condición que no tiene el postulante hasta que accede al puesto o cargo público. Sin embargo, el personal que ingresa al servicio civil, si puede asumir responsabilidad administrativa disciplinaria por la conducta referida al ejercicio de la función pública a sabiendas o valiéndose de documentación o información falsa o inexacta.

15. Al respecto, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, a través de los Informes Técnicos Nos 349-2018-SERVIR/GPGSC, 530-2018-SERVIR/GPGSC, 933-2018-SERVIR/GPGSC y otros, ha señalado que “(…) en el escenario de un proceso de convocatoria o concurso público de méritos en el cual el postulante, no tiene la condición de servidor, y cuya presentación de documentación falsa o fraudulenta se realiza antes de entablar vínculo con la entidad, no correspondería determinar responsabilidad disciplinaria, ello sin perjuicio de otras responsabilidades que corresponda. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que en caso las entidades públicas imputen al presunto infractor el haber laborado a sabiendas o bajo el influjo de la documentación falsa con el cual se hizo posible el inicio de su vínculo laboral (suscripción del contrato). En ese contexto se debe entender que el presunto infractor ya tenía la condición de servidor civil; por lo que se debe aplicar las reglas del procedimiento administrativo disciplinario previstas en la Ley del Servicio Civil, su reglamento y sus normas de desarrollo”. (El resaltado es nuestro).

16. Por ende, no resulta posible iniciar procedimiento administrativo disciplinario a un postulante que hubiese presentado documentación o información falsa o inexacta en el marco de un proceso de selección o concurso público de méritos, al no tener aún la condición de servidor público. No obstante, luego de adquirir tal condición es pasible de asumir responsabilidad administrativa disciplinaria por el ejercicio de la función pública o la prestación del servicio civil bajo el influjo o valiéndose de documentación o información falsa o inexacta.

17. Ello, toda vez que, como se ha señalado entre un servidor público y el Estado, con el acto de aceptación del cargo y la toma de posesión, se genera un vínculo especial de particulares connotaciones, a través del cual se imponen cargas superiores a aquellas a las cuales están sometidas las personas que no tienen vínculo alguno con la administración pública, que de alguna manera implican el recorte de ciertas libertades en pos de la neutralidad, objetividad, transparencia, eficiencia, eficacia y moralidad pública8.

18. En lo que concierne a las faltas a través de las cuáles vienen siendo sancionadas estas conductas, resulta relevante mencionar que, las entidades utilizan, con mayor frecuencia, la imputación de la infracción de los principios de probidad, idoneidad y veracidad previstos en la Ley Nº 27815 y, en algunos otros casos, las faltas previstas en los literales a), ñ) y o) del artículo 85º de la Ley Nº 30057.

19. En cuanto a la falta prevista en el literal a) del artículo 85º referida a “El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento”, por tratarse de una norma de remisión, se suele utilizar, en estos casos, imputando la vulneración de los principios de “mérito” y “probidad y ética pública” de la Ley del Servicio Civil recogidos en los literales d) e i) del artículo III del Título Preliminar de dicha Ley9.

20. Por su parte, el literal ñ) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 establece como falta “La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil”. Así también, se utiliza el literal o) del artículo 85º de la citada ley, el cual prevé como falta el “Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio para terceros”, subsumiendo en esta causal la conducta referida a presentar documentos falsos para obtener, en este caso, el beneficio del acceso al servicio civil. (El resaltado es nuestro).

21. Al respecto, ha de señalarse que el principio de mérito está relacionado con las competencias y capacidades académicas y profesionales de los postulantes, las cuáles son valoradas tanto en el acceso al servicio civil como en la progresión en la carrera; por lo que, dicho principio se vería vulnerado por la presentación de documentación o información falsa o inexacta respecto de las capacidades o méritos del postulante al momento del acceso al servicio público o de su evaluación para la progresión en la carrera. Empero, tratándose la imputación de la conducta referida al ejercicio de la función pública o la prestación del servicio público bajo la influencia o valiéndose de la documentación falsa o inexacta no resultaría precisa la imputación de la vulneración de dicho principio y, por ende, de las faltas previstas en los literales ñ) y a) del artículo 85º de la Ley Nº 30057. A lo que cabe añadir que, no toda documentación o información falsa presentada está vinculada necesariamente con los méritos del servidor.

22. Asimismo, no resulta aplicable la falta prevista en el literal o) del artículo 85º, ya que la acción tipificada de “actuar en beneficio propio” estaría subsumiendo la conducta de la presentación de documentación falsa para obtener el beneficio de acceder al servicio civil, mas no así a la conducta del ejercicio de la función pública bajo el influjo de documentación o información falsa o inexacta.

23. Mientras que, en el caso del “principio de probidad y ética pública” previsto en el literal i) del artículo III del Título Preliminar de la Ley Nº 30057, es posible apreciar que este hace una remisión al cumplimiento de los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes; por lo que, al estar el principio de probidad desarrollado de manera más específica en la Ley Nº 27815, resulta conveniente su imputación de manera directa, conforme se desarrollará a continuación.

24. Así pues, la Ley Nº 27815, establece que, de acuerdo con el principio de probidad, el servidor público “Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona”. La sujeción a este principio, como es lógico, garantizará la integridad de quienes tienen en sus manos la labor de atender las necesidades de los ciudadanos, lo cual finalmente redundará en la confianza de la ciudadanía en las autoridades y las instituciones del Estado.

25. Asimismo, la mencionada ley recoge el principio de idoneidad, “Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones”.

26. Adicionalmente, se alude al principio de veracidad, por el cual el servidor “Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos”. A través del cual se pretende garantizar también la aptitud moral de los servidores públicos.

27. En ese sentido, una conducta proba implicará que el servidor actúe con honradez, rectitud e integridad desde que es contratado por la entidad, por ejemplo, al brindar la información completa y veraz que se le solicita para el acceso al puesto y/o cargo público.

28. Además, el servidor deberá contar con aptitud técnica, legal y moral para el acceso y ejercicio de la función pública, permitiendo “que la gestión pública reclute y mantenga a los mejores recursos humanos dentro de su realidad”10.

29. Asimismo, se requiere que el servidor se exprese con veracidad y autenticidad respecto de todas las declaraciones, afirmaciones y documentos que genere y presente11; por lo que, es su responsabilidad confirmar la certeza de los hechos que afirma, por ejemplo, respecto de la información que hubiese brindado en su hoja de vida o currícula.

30. Estando a las consideraciones expuestas, y teniendo en cuenta que ni la Ley Nº 30057 ni su Reglamento General han regulado como falta la conducta referida al “ejercicio de la función pública o la prestación del servicio civil bajo el influjo o valiéndose de documentación o información falsa o inexacta”, este Cuerpo Colegiado considera que dicha conducta puede ser subsumida y sancionada a través del literal q) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, imputando al servidor la infracción de los principios de probidad, idoneidad y/o veracidad de la Ley Nº 27815.

§ Sobre el momento en que se detecta la falta y los plazos de prescripción según el tipo de falta

31. Ahora bien, en cuanto a la documentación o información falsa o inexacta en la hoja de vida o que forma parte del expediente de postulación, es pertinente mencionar que si bien dicha información es entendida como veraz (en tanto no se pruebe lo contrario), de acuerdo con el principio de presunción de veracidad12, ésta es pasible de ser corroborada y sancionada con posterioridad según el principio de privilegio de controles posteriores13, por el cual la entidad se reserva el derecho a comprobar la veracidad de la información presentada y a aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz.

32. Es en virtud de dicho control posterior, que las entidades advierten de la falsedad o inexactitud de la información brindada en las hojas de vida y expedientes de postulación, lo que ocurre en muchos casos luego de varios meses y/o años de su presentación, más aún cuando la fiscalización posterior se realiza de manera aleatoria; lo que ocasiona que surjan controversias acerca de la pérdida de la potestad administrativa disciplinaria para sancionar estos casos debido al transcurso del tiempo.

33. De acuerdo con la institución jurídica de la prescripción, la posibilidad de imponer una sanción disciplinaria pese al transcurso del tiempo, dependerá del momento a partir del cual se empieza a contabilizar el plazo de prescripción previsto legalmente.

34. En ese sentido, las infracciones administrativas pueden ser clasificadas en relación con el momento en que se consuma la falta o infracción, siendo importante su distinción a fin de que el investigado pueda conocer hasta qué momento es pasible de ser procesado y sancionado, otorgándole seguridad jurídica. Ello, toda vez que, dependerá de la conducta infractora la determinación del momento en que se produce su consumación.

35. El artículo 252º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, realiza una clasificación de las infracciones administrativas a efectos de determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción, diferenciándolas en: (i) infracciones instantáneas; (ii) infracciones instantáneas de efectos permanentes; (iii) infracciones continuadas; e, (iv) infracciones permanentes.

36. En el caso de las infracciones instantáneas e instantáneas con efectos permanentes, el plazo prescriptorio se inicia desde el día en que se comete la infracción, ya que es en dicho día en que se consuma la acción, aun cuando en el segundo de los supuestos, los efectos antijurídicos de la infracción permanecen.

37. Mientras que, en el caso de las infracciones continuadas, se trata de un supuesto “en donde se realizan diferentes conductas, cada una de las cuales constituye por separado una infracción, pero que se consideran como una única infracción, siempre y cuando formen parte de un proceso unitario”14; por lo que, el plazo se computará desde el día en que se realizó la última acción constitutiva de la infracción.

38. Asimismo, en cuanto a las infracciones permanentes, éstas “se caracterizan porque determinan la creación de una situación antijurídica que se prolonga durante un tiempo por voluntad del autor. Así a lo largo de aquel tiempo el ilícito se sigue consumando, la infracción se continúa cometiendo, se prolonga hasta que se abandona la situación antijurídica”15; por ende, en estos casos en que la acción infractora permanece en el tiempo, el plazo de prescripción se computará desde el día en que cesó la acción.

39. En lo que respecta a la conducta referida al ejercicio de la función pública a sabiendas, bajo el influjo y/o valiéndose de documentación o información falsa o inexacta, se advierte que dicha conducta permanece en el tiempo mientras el servidor se mantenga prestando servicios (realizando la conducta) de forma antijurídica.

40. En la misma línea, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil ha manifestado en el Informe Técnico Nº 835-2019-SERVIR/GPGSC que, “en el escenario en que la entidad imputase a un determinado servidor el haber laborado a sabiendas o bajo el influjo de la documentación falsa con el cual se hizo posible el inicio de su vínculo laboral (suscripción de contrato), en ese contexto, (…) nos encontraríamos ante una falta permanente dado que la situación infractora se mantiene y solo cesará cuando se extinga el vínculo del servidor con la entidad”.

41. Por el carácter permanente de la falta en cuestión se advierte que no son los efectos jurídicos de la conducta infractora los que persisten, sino la conducta en sí misma (en este caso, el ejercicio de la función pública de manera antijurídica), por lo que el plazo de prescripción se computará desde que cesa dicha conducta.

§ Sobre el cómputo del plazo de prescripción previsto en el artículo 94º de la Ley del Servicio Civil

42. Al respecto, el artículo 94º de la Ley Nº 30057 ha previsto dos plazos de prescripción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, siendo el primer plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y, el segundo, de uno (1) a partir de la toma de conocimiento de la falta por la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, o de la que haga sus veces. Por ende, será en el plazo computado a partir de la comisión de la falta, que deberá tenerse en cuenta la clasificación de las infracciones o faltas según el momento en que se consuma la acción, en aplicación supletoria del artículo 252º del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

43. En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que, en los casos en que se impute el ejercicio de la función pública o la prestación del servicio civil bajo el influjo o valiéndose de documentación o información falsa o inexacta, a través del literal q) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 por la infracción de los principios de probidad, idoneidad y/o veracidad de la Ley Nº 27815, el plazo de tres (3) años para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario comenzará a regir a partir del cese o término del ejercicio de la función pública del investigado; salvo que, durante ese período, la oficina de recursos humanos de la entidad, o la que haga su veces, hubiera tomado conocimiento de la falta, en cuyo caso operará un (1) año calendario después de esa toma de conocimiento.

III. DECISIÓN

1. La Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, por unanimidad, considera que las directrices contenidas en los numerales 30 y 43 del presente Acuerdo Plenario ameritan ser declaradas como precedente de observancia obligatoria para determinar la correcta aplicación de la falta respecto a la conducta referida al ejercicio de la función pública valiéndose de documentación o información falsa o inexacta, así como del cómputo de los plazos de prescripción.

2. En atención a lo expuesto, la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil respecto a la emisión de precedentes administrativos de observancia obligatoria;

ACORDÓ:

2.1 ESTABLECER como precedentes administrativos de observancia obligatoria los criterios expuestos en los fundamentos 30 y 43 de la presente resolución.

2.2 PRECISAR que los precedentes administrativos de observancia obligatoria antes mencionados deben ser cumplidos por los órganos competentes del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

2.3 PUBLICAR el presente acuerdo de Sala Plena en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Institucional (www.servir.gob.pe), de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil.

CARLOS GUILLERMO MORALES MORANTE

Presidente del Tribunal del Servicio Civil

LUIGINO PILOTTO CARREÑO

Vocal Titular

RICARDO JAVIER HERRERA VASQUEZ

Vocal Titular

GUILLERMO JULIO MIRANDA HURTADO

Vocal Titular

ROLANDO SALVATIERRA COMBINA

Vocal Titular

SANDRO ALBERTO NÚÑEZ PAZ

Vocal Alterno

OSCAR ENRIQUE GÓMEZ CASTRO

Vocal Alterno

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